Después de que BLU Radio revelara el contenido de la carta enviada por el canciller Carlos Holmes Trujillo a Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en la que le pide cancelar la audiencia convocada para el próximo 9 de mayo “por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigidas”, la presidente de la JEP, Patricia Linares, a través de una carta dirigida al canciller Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la solicitud no fue presentada como “parte” en un proceso, pues coincide con el funcionario en que, dada la condición de alta corte creada por la Constitución Política, la JEP hace parte de la estructura del Estado colombiano, y no les corresponde exponer asuntos internos ante una instancia internacional.
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“Coincidimos con usted en que, dada nuestra condición de alta corte creada por la Constitución Política, hacemos parte de la estructura del Estado colombiano y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor presidente de la República”, dice el documento.
Linares, además, señala que ha habido casos en el que entes judiciales de países han pedido audiencias ante la CIDH, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2017, y la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año.
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“Con el único propósito de aclarar el alcance de nuestra solicitud me remito a precedentes que muestran claramente la viabilidad de que órganos judiciales y órganos estatales no gubernamentales pidan directamente este tipo de audiencias, entre otras, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2017; la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año; la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador”, agregó.
Por último, asegura que, a la fecha, no han recibido ninguna comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, relacionada con la petición y, de recibirla, acataran lo que dispongan las autoridades competentes.
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