Fue el pasado cinco de octubre cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia sobre la situación territorial en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, manifestando que facciones de disidencias de las Farc hacían presencia y registraron cuatro advertencias previas de eventuales escenarios de riesgo que podrían generarse allí.
Según la Defensoría, el escenario de riesgo se configura a partir de la reciente incursión de miembros de la facción disidente del grupo armado organizado residual autodenominado compañía ‘Adán Izquierdo’, donde adultos, indígenas, comerciantes, campesinos, transportadores y organizaciones efectúan desminado humanitario y, sería la población afectada.
En este caso, se encontraron como conductas vulneradoras e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como el secuestro y los homicidios.
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Entre tanto, en una alerta emitida el ocho de octubre de 2020, se determinó la presencia de economías ilegales derivadas del narcotráfico y contrabando en Argelia, Balboa y El Tambo, en el Cauca con cinco fechas de otras advertencias orientadas a ese mismo sentido.
El escenario de riesgo se configura a partir de la presencia de las AGC, del ELN y las facciones disidentes de las ex FARC-EP, autodenominadas Frente Carlos Patiño, con el apoyo de las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos desde el norte del Cauca y, de la llamada Nueva Marquetalia
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En estos territorios se catalogó como población afectada a afrodescendientes, campesinos, defensores de derechos humanos, excombatientes, entre otros, con el homicidio identificado como la principal conducta vulneradora e infracción al Derecho Internacional Humanitario.
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