La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha suscitado intensos debates en el Congreso de la República. La parlamentaria Katherine Miranda , del Partido Verde, fue una de las pocas voces disidentes, votando en contra de la iniciativa que ya es una reforma constitucional.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda calificó la medida como "profundamente irresponsable" y argumentó que su implementación podría poner en jaque las finanzas del país.
Una reforma que podría requerir nueve reformas tributarias
Miranda basó su oposición en un análisis técnico que advierte sobre los riesgos fiscales de la reforma. Según la congresista, el Ministerio de Hacienda respondió a su derecho de petición señalando que el costo de implementar esta reforma oscila entre $218 y $263 billones, lo que equivale al 6,8% y 8,2% del PIB.
"El actual proyecto implicaría costos recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo", afirmó.
En este sentido, Miranda sostuvo que el país necesitaría realizar al menos nueve reformas tributarias adicionales para cubrir las nuevas responsabilidades que asumirán las regiones. Estas reformas no solo serían complejas, sino también políticamente delicadas, en un contexto donde el gasto público es ya altamente inflexible.
"Para mí es completamente irresponsable que se supedite una reforma de esta magnitud a unas reformas tributarias futuras que no están garantizadas", enfatizó.
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El impacto de la inflexibilidad presupuestaria
Otro de los puntos centrales en la crítica de Miranda es la estructura del presupuesto nacional. De los $523 billones proyectados para 2024, el 91% corresponde a gastos inflexibles como pensiones, deuda externa y seguridad. Esto deja solo $47 billones de maniobra, una cifra que, según la parlamentaria, resulta insuficiente para costear los $60 billones anuales que se estima demandará la reforma.
Además, Miranda advirtió sobre la dificultad de las regiones para asumir las nuevas competencias, como la gestión de infraestructura vial o el pago de pensiones.
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"Quiero ver a municipios como Guainía pagando las vigencias futuras del metro de Bogotá", cuestionó, en alusión a la disparidad de capacidades entre los territorios.
¿Es viable la descentralización?
Pese a sus críticas, Miranda aseguró estar de acuerdo con el principio de descentralización, pero subrayó la necesidad de planificar con mayor rigor técnico. En su opinión, no todos los municipios cuentan con la capacidad administrativa y financiera para gestionar las competencias transferidas. Esto, según la parlamentaria, podría llevar a un colapso de la planeación estatal.
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"Algunas ciudades podrán asumir estas responsabilidades, pero otras no. Por eso no debimos fijar porcentajes rígidos, sino evaluar caso por caso", señaló.
Un llamado a la transparencia y la responsabilidad
La parlamentaria también cuestionó la falta de claridad del gobierno frente al impacto fiscal de la reforma durante los debates en el Congreso. Según Miranda, ni el ministro de Hacienda ni otros representantes del Ejecutivo ofrecieron datos concretos sobre cómo se financiará la iniciativa.
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"Nos hicieron una explicación de por qué esto prácticamente quebraría el Estado colombiano, pero esas apreciaciones no se hicieron públicas", denunció.
Para la congresista, la reforma no solo pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, sino que también aumenta los riesgos de un manejo desigual entre regiones, especialmente aquellas con menor capacidad de gestión.
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Una decisión para la historia
Miranda concluyó su intervención expresando que, aunque su oposición fue solitaria, confía en que la historia le dará la razón. Su análisis se suma a las preocupaciones de expertos económicos, quienes han alertado sobre los posibles desequilibrios fiscales y estructurales que podría generar la reforma.
El debate sobre el Sistema General de Participaciones apenas comienza, y sus consecuencias serán analizadas a medida que se implementen los cambios propuestos. La postura de Miranda queda registrada como una advertencia sobre los desafíos que enfrentará el país en este nuevo capítulo de descentralización administrativa y financiera.
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