El pasado primero de julio, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires, Argentina, emitió una decisión histórica en la lucha por la justicia de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Esta decisión permite a las víctimas que interpusieron una querella contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en noviembre de 2023 participar plenamente en el proceso judicial.
La querella, presentada ante los jueces federales de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2023 bajo el principio de jurisdicción universal, acusa a Uribe Vélez de permitir, autorizar e incitar la perpetración de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su mandato. Estos crímenes incluyen 6,112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.
Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, explicó en el programa Mañana Blu con Camila Zuluaga el significado de esta decisión: "Es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente es investigado por un tribunal o un juez, en este caso de otro país, a partir de la aplicación de la jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad".
Arboleda destacó que el juez federal número dos ahora tiene la posibilidad de evaluar las pruebas presentadas en la querella con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. "Esta decisión de admitir a las víctimas significa que se ha acreditado debidamente la afectación de las mismas y la existencia de los ocho victimarios, siendo solo un paso más en esta etapa procesal", añadió.
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El siguiente paso, según Arboleda, es integrar a la mayoría de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en esta causa penal en Argentina. "Es muy importante que esta causa permita que muchas víctimas participen y aporten la información necesaria para contribuir a la verdad y al establecimiento de responsabilidades. Sobre todo, buscamos un mecanismo idóneo y efectivo de justicia que hoy no existe en Colombia para establecer la responsabilidad, no solo de Álvaro Uribe Vélez, el querellado principal, sino también de otras autoridades civiles responsables de la comisión de ejecuciones extrajudiciales", explicó.
El abogado enfatizó el papel del Gobierno nacional en facilitar y proporcionar toda la información que requiera tanto el fiscal como el juez federal. "Desde diciembre y enero, las autoridades argentinas han solicitado mediante exhorto información a la Fiscalía de la S. P. P.", concluyó.
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