Los exmiembros de la junta directiva de la Fundación She Is han decidido renunciar colectivamente a sus cargos tras una serie de presuntas irregularidades
financieras detectadas dentro de la organización. A través de un comunicado, los renunciantes expresaron su rechazo absoluto al uso indebido de los fondos de la fundación, que fueron empleados por su presidenta, Nadia Sánchez, en actividades personales, incluyendo el financiamiento de su matrimonio, celebrado en enero de 2025.
Según detallaron los ex miembros, la situación se volvió insostenible después de varias reuniones internas en las que manifestaron su preocupación sobre la falta de transparencia en la administración de los recursos. En encuentros realizados en diciembre de 2024 y enero de 2025, los directivos solicitaron explicaciones sobre el destino de los fondos.
En respuesta a sus inquietudes, se creó un comité de estrategia y un comité financiero para revisar a fondo los estados financieros de 2024 y el presupuesto de 2025. Sin embargo, el 21 de febrero de 2025, los directivos pidieron formalmente a la presidenta explicaciones sobre pagos realizados por la fundación para financiar su boda, lo que dio pie a una revelación sorprendente: tres facturas asociadas al evento fueron pagadas con recursos de la Fundación, aunque la presidenta aseguró que el dinero ya había sido reintegrado.
Ante la falta de claridad y el reconocimiento de la irregularidad, la junta directiva solicitó la devolución inmediata del dinero y la realización de una auditoría forense para investigar el alcance de los gastos indebidos. Aunque Sánchez aceptó la necesidad de la auditoría en una comunicación del 24 de febrero, el proceso se ha estancado debido a la falta de colaboración de la presidenta.
Los exmiembros de la junta directiva insisten en que, aunque algunos fondos han sido reembolsados, la auditoría forense debe confirmarlo, ya que las fechas de los recibos presentados no coinciden con la versión de Sánchez. En su comunicado, los renunciantes exigen la devolución total de los recursos mal utilizados, piden una gestión más transparente de los fondos de la fundación
y solicitan que la organización se abstenga de recibir nuevos recursos hasta que se obtengan los resultados de la auditoría.
La denuncia subraya que el comportamiento de la presidenta es incompatible con los principios de ética y transparencia que deben guiar la administración de organizaciones sin ánimo de lucro. Los exdirectivos concluyen reafirmando su compromiso con la verdad y la transparencia, y no descartan emprender acciones legales, las cuales están evaluando con asesores jurídicos.