El 22 de mayo pasado, la Fiscalía y la Policía anunciaron la captura de una banda delincuencial que, según estimaciones, defraudó en más de medio billón de pesos a las gobernaciones de cuatro departamentos de la costa caribe colombiana. Esta organización, denominada Los Buena Suerte y liderada por un individuo apodado Juanchito, operaba en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar y Magdalena, con ramificaciones en La Guajira y Sucre.
Las operaciones contra la banda comenzaron en 2022, resultando en la detención de 11 personas que fueron judicializadas por sus actividades contra el chance ilegal.
Recordemos que los juegos de azar financian en gran parte a los hospitales y centros de salud de la región a través del pago de impuestos. Los investigadores calculan que en los últimos cuatro años, la banda desvió cerca de medio billón de pesos hacia actividades ilícitas como el lavado de activos, la compra de gasolina robada, el tráfico de armas y el microtráfico de drogas.
En mayo de 2024, otra operación llevó a la captura de Juanchito y 14 personas más. Tres de ellos fueron liberados en audiencia al no encontrarse vínculos con la organización, siete fueron puestos en prisión domiciliaria, tres confesaron y esperan sentencia anticipada, y ocho, incluyendo a Juanchito, fueron enviados a la cárcel.
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No obstante, un juez superior, del Juzgado Primero Penal de Fundación, Magdalena, decidió ordenar la libertad de todos los señalados. Según el juez, debido al hacinamiento en las cárceles y dado que algunos habían sido enviados a sus casas, todos, incluidos Juanchito, debían recuperar su libertad. Esta decisión fue cuestionada por los asesores jurídicos de las gobernaciones, encabezados por el abogado Jhony Mena, conocido como el Doctor Batalla.
Mena interpuso una tutela que fue admitida por el Tribunal Superior de Magdalena. Este tribunal resolvió amparar el derecho del demandante, decretar la nulidad de la decisión del Juzgado Primero Penal de Fundación y ordenar a ese mismo juez que, antes del miércoles 24 de julio, emita una nueva decisión respecto a los capturados que hoy están en libertad, con el fin de que regresen a prisión si se determina necesario.
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