Un juez de Bogotá ha frenado la resolución emitida por el Gobierno Nacional, que a través del ministro ad hoc de Educación , había ordenado el nombramiento de un rector encargado en la Universidad Nacional.
Esta decisión judicial se produce en respuesta a una tutela radicada por el actual rector, José Ismael Peña.
La tutela presentada por Peña argumentaba que la resolución del Gobierno violaba los principios de autonomía universitaria y los procedimientos establecidos para la elección de autoridades en la Universidad Nacional.
El juzgado treinta y siete administrativo del circuito judicial de Bogotá ordenó dejar sin efectos la resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, con la que el Gobierno nacional ordenó nombrar un rector encargado en la Universidad Nacional .
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Esa fue una de las primeras instrucciones de Juan David Correa tras asumir como ministro ad hoc de Educación en medio de la polémica por el futuro directivo de la institución.
La decisión del juzgado llega en respuesta a una tutela presentada por José Ismael Peña, elegido como rector en la votación del Consejo Superior Universitario y cuya posesión ha sido cuestionada, pues se llevó a cabo en una notaría, esto ante la ausencia de la firma de la ministra Aurora Vergara.
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Con la tutela, Peña pedía protección a sus derechos fundamentales del debido proceso, autonomía universitaria, igualdad, debido proceso, a elegir y ser elegido y acceder a cargos públicos.
Tras estudiar los argumentos y diferentes elementos del proceso de elección, el juzgado determinó que el Ministerio de Educación rebasó las facultades que le otorga la ley 1740 de 2014 al aplicar sanciones que no eran viables y, agrega, se vulnera el debido proceso.
“El Ministerio de Educación Nacional, a través del Ministro ad hoc designado, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor José Ismael Peña Reyes y la autonomía universitaria de la institución educativa para la cual fue elegido rector”, detalló el juez.
En la resolución, el juzgado agrega que el ministerio no aplicó el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, atentó contra el principio de separación de poderes públicos, desconoció la competencia decisoria del CSU de la Universidad, entre otros.
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Finalmente, la decisión no amparó los derechos fundamentales a la Participación y a la Igualdad del accionante.
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