Uno de los proyectos del Gobierno en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, es el denominado Jóvenes en Paz que busca, mediante subsidios o incentivos económicos, evitar que los jóvenes cometan actos delictivos.
La demanda argumenta que el decreto 1649 de 2023 viola principios constitucionales, particularmente el de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, según los demandantes, el decreto otorga beneficios exclusivamente a jóvenes de 14 a 28 años en situación de extrema pobreza, ruralidad, explotación sexual, y vinculados a dinámicas de criminalidad, dejando de lado a otros grupos vulnerables como personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad y la primera infancia.
En diálogo con Blu Radio, abogados expertos aseguraron que el Consejo de Estado sí podría tumbar la reglamentación de este decreto, ya que el Departamento de Planeación Nacional (DPN), no habría hecho la focalización de a qué jóvenes les iba a llegar estos recursos.
“Establecer que dentro del decreto hay una expedición irregular de dicha disposición en razón a que se omitió deliberadamente integrar los criterios técnicos de focalización y dejar diferida a otra norma a desarrollar por el Departamento Nacional de Planeación quienes serán los destinatarios. Dicho de otra manera, no sabemos a quién va dirigido y bajo qué criterios va a ir dirigido los recursos multimillonarios destinados a este programa de Jóvenes en Paz”, afirmó el jurista.
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Además, resaltan que es un decreto emitido sin competencia, ya que el programa implicaría el uso de recursos del Estado, por lo que la propuesta debía pasar por el Congreso para que se estudie su aprobación.
Por otro lado, otro de los argumentos de la demanda es precisamente la desigualdad detectada dentro del decreto entre jóvenes rurales quienes serían los destinatarios de las transferencias monetarias creadas con el programa y los jóvenes urbanos los cuales, sin ningún tipo de justificación, no podrían recibir dicho beneficio.
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Será el Consejo de Estado quien tome una determinación de fondo en este caso, luego de estudiar los argumentos de los accionantes.
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