Jorge Robledo demandó a fiscal Martinez ante la Superintendencia Financiera

El senador de Polo argumenta que el fiscal Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval no le reportaron a la UIAF las irregularidades que les informó el controller de la Ruta del Sol ll, Jorge Enrique Pizano, a pesar de que la ley los obligaba a hacerlo, incluso por simples sospechas de corrupción.

“Con su conocida viveza, Néstor Humberto Martínez ha dicho que él y Episol y Corficolombiana, el Grupo Aval, no les informaron a las autoridades sobre las denuncias de Pizano porque no tenían la certeza de que fueran sobornos.Pero el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero les ordenaba hacerlo con simples sospechas que tuvieran”, indicó el senador al radicar la acusación.

El congresista cita el Artículo 2 de la Ley 1121 de 2016 que ordena “reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos” que “puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación”.

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Adicionalmente el congresista Robledo asegura que el fiscal se autoincriminó en la explicación de 1 hora 45 minutos que dio ante el Senado durante el debate de Odebrecht.

 “Y de distintas maneras, en su charlatanería en el Senado, Martínez terminó por confesar que tanto él como el Grupo Aval tuvieron que aceptar mucho más que sospechas sobre ilegalidades en el Consorcio Ruta del Sol II, luego de no poder silenciar las oportunas denuncias de Jorge Enrique Pizano, quien en todos los tonos los llamó a que actuaran contra la corrupción que había descubierto. Y también es un hecho que se cuidaron de no proceder según las leyes, como era su obligación, sino que acordaron tapar las irregularidades mediante un pacto secreto entre Odebrecht y Episol (Corficolombiana Grupo Aval), pacto de tapen-tapen que la postre les fracasó”.

Estas son las frases textuales que el Senador Robledo presentó ante la Superintendencia Financiera en las que según el, el fiscal de Martínez deja ver que junto a grupo AVAL, evadieron su obligación de informarle a la UIAF (tomadas del documento radicado).

1.- El Fiscal Martínez dice que “Pizano había intentado entregar esa información a la organización y no le había llegado al nivel superior. Y concurrió a mi oficina de abogado, como amigo personal de él, para que yo le ayudara a que sus informaciones le llegaran al presidente de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, tarea que cumplí como un correo humano, que fue el favor que a mí me pidieron. La tesis inicial de Jorge Enrique es que eran faltantes en el Consorcio Ruta del Sol, que se las podrían estar apropiándose algunos de los oficiales de esa compañía”.

2.- “Quiero advertir una cosa –dijo Martínez–, Jorge Enrique tenía una templanza y un coraje, al cual le quiero rendir hoy culto. Se fue un día a buscar a uno de esos facinerosos que se prestaba para hacer facturas falsas, y lo cogieron en la calle sus gorilas y su guardaespaldas, y él tomó un riesgo absolutamente innecesario. Y le dije, quieto, y termino diciéndole, estamos haciendo unas reuniones mañana, ya el abogado penalista está mirando todo,”. Y los actos de esos “facinerosos” más las reuniones con el “abogado penalista” por hechos de suyo graves tampoco los llevaron a reportarle a la UIAF.

3.- Dice Martínez que “en la grabación del 26 agosto del 2015 (…) le digo –a Pizano–, siéntese, oiga qué delitos se cometieron (…) yo le leo un concepto jurídico que me da un abogado rápidamente, que había producido el 21 agosto, en donde me dice que se pueden haber cometido todos esos delitos que yo enuncié”. El Espectador publicó una grabación sobre este aspecto en el que Martínez enumera los posibles delitos que en el Senado silenció: “soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación”, posibilidades todas –en extremo sospechosas– que le ocultaron a la UIAF.

4. “Él ya sabía –Pizano–, agrega Martínez, que habíamos contratado un abogado penalista para el caso”, porque eran así de graves las sospechas, para decir lo menos, que había surgido de las acusaciones de Pizano, y que no le informaron a la UIAF.

5.- Y en la siguiente afirmación en el Senado, Martínez se incrimina e incrimina al Grupo Aval al afirmar que, “como resultado de esta labor diligente que cumplí, se inició un proceso de auditoría corporativa, exhaustivo, para establecer qué era lo que había ocurrido. Y mientras Pizano hablaba de 24 mil millones de pagos irregulares, la auditoría corporativa, a la cual yo le había entregado todos los papeles para que se investigara, descubrió que había pagos irregulares por más plata, por 33 mil millones de pesos, que es la cifra mágica del contrato de transacción”, contrato de transacción que suscribieron Odebrecht y Episol (Corficolombiana Grupo Aval), asesorados por Néstor Humberto Martínez y con pacto de silencio incluido, con el que intentaron cubrir con un manto de inocencia y legalidad las denuncias de Pizano, todo lo cual tampoco le informaron a la UIAF, como era su deber, según la ley 1121 de 2016.