La JEP está realizando una audiencia sobre las medidas cautelares que protegen a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas en el caso 05. En esta diligencia se ha puesto una vez más en evidencia la compleja situación de orden público que se vive en esa zona del país.
Al iniciar la audiencia, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien es relator del caso 05, señaló que la situación de violencia en la región está afectando hasta las investigaciones que realizan en la jurisdicción.
"Es una situación crítica y grave la que se está afrontando en esta región del país. Hacemos esta audiencia en Popayán porque no podemos salir a los pueblos vecinos, porque hay retenes, porque la situación de inseguridad es tan alta que no podemos desplazarnos a los territorios para buscar, identificar y exhumar a los desaparecidos; estamos confinados literalmente en esta audiencia. Debo señalar que desde su apertura el caso 05 se ha visto afectado por esta situación en la seguridad de la zona. Líderes y lideresas que estaban participando en las diligencias han sido asesinados", explicó Sánchez.
En la diligencia, el magistrado también le hizo un llamado al Ministerio de Defensa , explicando que esperaba más compromiso por parte de esa cartera, pues, aunque se está abordando un tema de seguridad, no enviaron a un delegado que tenga capacidad de decisión sobre los temas que se están abordando.
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Por otro lado, las comunidades indígenas también hicieron un llamado de atención por la situación de seguridad.
"Esa paz que nosotros anhelamos cuando se firmaron los acuerdos en 2016 fue muy poco lo que duró. Nosotros estábamos convencidos de que al firmar esa paz no íbamos a volver a escuchar nuevamente los fusiles y que no iba a haber reclutamiento en nuestros territorios; pero no fue así, fue peor la situación con nuestras comunidades indígenas porque el reclutamiento se agudizó y los asesinatos siguieron", señaló en la audiencia Jaime Ipia, delegado de las organizaciones indígenas del Valle.
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