La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a la Procuraduría que investigue posibles fallas en la protección de 35 excombatientes de las Farc, quienes fueron asesinados y estuvieron esperaron por más de 10 meses la implementación de medidas de seguridad. Muchos de estos casos quedaron en la etapa de análisis de riesgo cuando se registraron los homicidios.
La decisión la tomó la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad después de una audiencia en la que estuvieron el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo, y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. A la UNP, además, se le ordenó que en un plazo de 20 días presente un plan de acción que permita corregir los problemas detectados en la ruta de protección y hayan derivado en afectaciones a los excombatientes.
Sobre las posibles fallas, se advierte que pueden estar en "la remisión efectiva de las solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado por omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección”, las cuales se adoptan “tiempo después de ordenarse en la evaluación del nivel de riesgo en el que se categorizó y en la respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas".
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Como ejemplo, la jurisdicción puso en evidencia el caso de un excombatiente al que se le otorgaron las medidas de protección tres meses después de haber sido asesinado. Muchos de estos casos se han presentado en zonas del país donde hay una fuerte presencia de los grupos armados ilegales, por lo que la JEP advierte que es en los territorios donde se deben fortalecer las medidas.
En este sentido, el magistrado Gustavo Salazar alertó de "medidas blandas en una zona con alta presencia de estructuras ilegales armadas”.
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“No entiendo cómo se hace esa asignación de un botón de pánico y un chaleco en esos lugares”, sentenció.
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