JEP pide a Procuraduría investigar al alto comisionado para la paz por seguridad de exguerrilleros

Este lunes, 28 de febrero, se llevó a cabo una audiencia en la JEP a la cual fue citado el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, para evaluar las medidas que ha tomado el Gobierno con el fin de garantizar la seguridad de los exguerrilleros de las Farc .

Asimismo, se indagó sobre las medidas que han tomado en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada, entre otras cosas, de tomar medidas para desmantelar las organizaciones criminales, algunas de ellas responsables de los homicidios de exguerrilleros.

Durante la diligencia el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, manifestó que el Gobierno ha logrado la neutralización de 173 cabecillas de los grupos armados y la desmovilización de al menos 1.700 personas desde 2018, con el fin, entre otras cosas, de garantizar la seguridad de exguerrilleros.

“Lo que se denomina como Caparros y Pelusos van a desaparecer en los próximos días como grupos armados organizados y darles bajo esta figura de desmantelamiento la figura de grupos delincuenciales”, expresó.

Por su parte el delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, aseguró que el Gobierno renunció a la protección de los exguerrilleros y que sienten incertidumbre pues no ven que haya medidas efectivas de seguridad.

“Ante la evidencia de incumplimiento, dilación y desdén por parte del Gobierno Nacional solicitamos a la magistratura la apertura de un incidente de desacato al alto comisionado para la paz”, afirmó Alape.

Al final la sección de ausencia de reconocimiento de verdad tomó la decisión de compulsar copias a la Procuraduría para que “en el marco de sus competencias realice las investigaciones que por acción u omisión hayan tenido lugar”, manifestó el magistrado Raúl Sánchez.

Asimismo, la JEP le ordenó al alto comisionado convocar a una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se discuta y apruebe un reglamento interno. En esta Comisión también hay representantes de la sociedad civil y el Partido Comunes.

Ordenaron, además, que se adopte un plan de acción permanente para combatir y desmantelar organizaciones y conductas punibles, y que se gestione la adopción del plan de acción aprobado por la Comisión de Garantías.

Restrepo manifestó que no iba a hacer uso del recurso de reposición y dejó claro que respetaba la decisión tomada por la JEP.

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