En el año 2018, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hizo una solicitud de medidas cautelares en laJEP, con el fin de que se protegieran 16 lugares del país ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
Después de estudiar la solicitud, la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca tomar medidas para garantizar la recuperación de cuerpos en algunos cementerios de estos departamentos.
"Los destinatarios de esta orden deben presentar a la Sección, en un término máximo de treinta (30) días una propuesta inicial que contenga la forma, plazos y recursos con los que se cumpla esta orden, la que deberá ser ajustada en los treinta (30) días siguientes según lo disponga esta Sección de ser el caso", ordenaron los magistrados Alejandro Ramelli y Reinere de los Ángeles Jaramillo.
El pasado 6 de enero, la Gobernación de Caldas remitió un plan, pero la JEP consideró que no respondía a lo ordenado hace algunos meses, mientras que las gobernaciones de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca no han informado sobre el cumplimiento de dicha decisión, por lo que la JEP, para garantizar los derechos de las víctimas, les ordenó que en un plazo de 10 días cumplan con lo dicho, de lo contrario, podrían enfrentar sanciones.
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"Es claro que la eficacia de la justicia transicional en cabeza de la JEP tiene un apremio particular en relación con el tiempo, lo que exige de las entidades, sujetos procesales, intervinientes especiales, interesados con legitimación para actuar, una estricta observancia de los tiempos y plazos establecidos, así como un particular rigor al momento de atender los llamados y solicitudes de la magistratura. No hacerlo pone en riesgo a la administración de justicia y vulnera de manera grave los derechos de las víctimas", señala la decisión.
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