JEP insiste en que en próximos meses deberán tomarse decisiones para expedir sentencias

A pesar de que la anterior presidenta de la JEP , Patricia Linares, había manifestado el año pasado que a finales de 2020 se conocerían los primeros escritos de acusación, el magistrado Eduardo Cifuentes, hoy al frente del tribunal, dijo que solo hasta los próximos meses se van a dictar los primeros autos de determinación de hechos y conductas.

El magistrado dijo que ya se ha avanzado en los diferentes macrocasos, y que, en los próximos meses, se van a dictar los primeros autos de determinación de hechos y conductas, los cuales darán lugar a la recepción de versiones, su contrastación por parte de la JEP y las víctimas.

Cifuentes añadió que ese objetivo debe estar acompañado del aprovechamiento del conocimiento que se ha tenido de los primeros macrocasos sobre los actores armados y las graves afectaciones a los derechos humanos, y al derecho penal internacional, que permite, según expresó Cifuentes, acelerar los pasos respecto de las restantes líneas de investigación.

“Significa impulsar de manera sostenida los primeros siete macrocasos y de impulsarlos de tal manera que, a partir de ellos, puedan estructurarse las primeras resoluciones de conclusiones que tendrán que alimentar también la expedición de las sentencias, en las cuales, efectivamente, se va a conjugar ese verbo: sancionar, precisamente, las más graves atrocidades cometidas en el conflicto y con eso se cumple la misionalidad de la JEP", indicó.

De otro lado, entregó algunos datos sobre lo que ha sucedido en el tribunal especial durante tres años: 9.773 miembros de las Farc se han sometido a la jurisdicción, así como 2801 miembros de la fuerza pública y 125 agentes del Estado.

“Podemos simultáneamente poner en marcha la apertura de todas las líneas de investigación restantes, lo cual es muy importante para identificar responsabilidades, determinar los restantes casos más graves, las conductas y prácticas más representativas, más allá de los siete macrocasos. Determinar quiénes tuvieron una participación determinante y quiénes también intervinieron en estas graves afectaciones a los derechos humanos, y tiene que hacerse con un enfoque de crímenes de sistema, con enfoque étnico, racial, de género y también, territorial”, expresó.

Por otro lado, el magistrado fue enfático en decir que se debe exigir que en los territorios haya garantías de seguridad para con los excombatientes y que no se puede reincidir como sociedad en lo que ocurrió, por ejemplo, con el exterminio de la Unión Patriótica y con otros procesos de paz.

“Es necesario ponerle términos y que este nuevo año no comience como en efecto comenzó ya, con asesinatos de desmovilizados. Eso no puede ser, no puede ser normal en Colombia ”, dijo.

De otro lado, a un año de que concluya la misión de la Comisión de la Verdad, dijo que un informe que entregará esa parte del sistema integral de justicia será importante para la JEP, en el entendido que el eje de delitos de sistema exige una visión estructural.