Blu Radio conoció en primicia las 329 páginas del auto de determinación de hechos y conductas del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc, a esta decisión se llegó tras informes de la Fiscalía, información entregada por las víctimas y los mismos comparecientes, según la JEP esta estructura tenia el objetivo de crear condiciones políticas y militares para ejercer dominio y control sobre la ciudad de Cali, haciendo presencia en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur del Chocó y su máximo jefe fue Raúl Reyes, en principio, llegando a la cifra de más de 1.400 combatientes.
"Terminadas las negociaciones de paz en el Caguán, y especialmente, bajo el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el CCO entró en una etapa de confrontación permanente con la Fuerza Pública, confrontación que lo llevó a replegarse y desplegarse conforme lo imponía el contexto de guerra, hasta la dejación de armas en 2016. En el 2002 coincidieron el fin de la Zona de Distensión con el secuestro en la Duma departamental de doce diputados del Valle, en una operación conjunta del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas con los Frentes 30, 60 y unidades del Bmar y de la Cmja. El secuestro motivó un fuerte despliegue militar en la región, cambiando el panorama de dominio de la guerrilla, obligando a que sus estructuras se replegaran a áreas de difícil acceso en sus retaguardias histórica. Además de las operaciones de búsqueda, las Farc-EP se vieron presionadas por la instalación de bases militares en los departamentos de Nariño y Cauca, la profesionalización de la Fuerza Pública y la mejora de la capacidad aérea del Ejército" explica la JEP.
Aunque este Bloque secuestraba para financiarse, según determinaron los magistrados, el caso de mayor connotación fue el de los diputados del Valle, el 11 de abril del 2002, cuando ingresaron las Farc a la Asamblea suplantando al Ejército, también secuestraron a otras personas por haberlos señalado de supuestos colaboradores de otros grupos. También los comparecientes hicieron referencia a los casos de secuestro que se dieron en el contexto electoral de 1997, pues obligaron a 20 personas a desistir de sus candidaturas con el objetivo de sabotear estas elecciones.
"El “vacío de poder” debía ser llenado por la guerrilla, especialmente por sus frentes, y sus mandos debían posicionarse como autoridad como forma de ejercer el control social y territorial. Esto generó conflictos con los pueblos indígenas que tenían formas robustas de gobierno propio que rivalizaba con el de las FARC-EP y sus milicianos" explica la JEP.
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Uno de los periodos de expansión se habría dado durante las negociaciones de paz con el gobierno Pastrana pues "Estas negociaciones iniciaron con acercamientos en 1997 y quedarían oficializados 7 de enero de 1999 con la instalación de la mesa de negociación y de la zona desmilitarizada llamada Zona de Distensión. La mayor expansión del CCO-BOCC por el suroccidente del país se dio durante las negociaciones de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la vigencia de la Zona de Distensión; para el CCOBOCC como para los demás Bloques de las Farc-EP, esta fue una oportunidad para el crecimiento militar, entrenamiento y fortalecimiento logístico" explica la JEP.
¿Cómo fue el secuestro de los diputados?
Sobre el secuestro de los diputados el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas fue encargado de hacer la inteligencia en Cali
, pero además se han acreditado 227 victimas de este Bloque la mayoría son secuestros extorsivos, o de control social y territorial, también hubo secuestros que se dieron con el fin de hacer un intercambio por guerrilleros presos, es el caso de los diputados del Valle. Estas 12 personas fueron sometidas a malos tratos, el secuestro se habría dado con ayuda de a un trabajador al interior de la Asamblea del Valle, León Villegas, quien anteriormente había sido miembro del M-19 y facilitó la información. "Villegas cumplía labores de mensajería y papelería en la Asamblea, con lo cual tenía acceso a todo el edificio sin despertar sospechas. Villegas les facilitó la obtención de información valiosa y que fue tomada por él mismo, como fotografías, videos y detalles sobre el funcionamiento de la Asamblea, incluyendo aspectos como la seguridad de la entrada, los horarios de plenaria y otros detalles operativos. Los comparecientes expresaron que no se llevaron a cabo acciones de inteligencia individuales sobre los diputados, ya que el objetivo no era interceptarlos de manera individual, sino capturarlos a todos simultáneamente. Por lo tanto, las labores de inteligencia se centraron en comprender las dinámicas del edificio de la Asamblea y su funcionamiento general" se lee en el auto.
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Para la operación se compraron uniformes de la fuerza pública, se robaron buses dos motocicletas, un camión pequeño y una camioneta doble cabina, ese día entraron suplantando al Ejército y retirando a los diputados del lugar por una supuesta amenaza de bomba, sin embargo los exguerrilleros señalaron que no hubo colaboración ni participación de la Fuerza Pública ni de políticos locales. Tras el secuestro, inició un periodo de marchas forzadas a pesar del estado de salud de los diputados, con la dotación que no correspondía y el riesgo del fuego cruzado.
"Al respecto, los comparecientes reconocieron que la marcha fue, como la llamaron los diputados
, una marcha de la muerte, por la duración de las jornadas de caminata y por la falta
de comida. Los comparecientes dicen que en algunas ocasiones tuvieron que recurrir a la caza de animales para subsistir, lo cual generó un fuerte impacto en los Diputados. Sin embargo, en el relato de Sigifredo López, al cual le da credibilidad esta Sala, el impacto fue porque la guardia les indicó, después de comer, que consumieron carne de un perro rural que se había unido al grupo y al que los Diputados habían adoptado como animal de compañía" explica la Sala de Reconocimiento. Los diputados empezaron a enfermarse y estuvieron permanentemente en un recorrido constante por campamentos en el Pacífico caucano perdiendo entre quince y vente kilos como consecuencia del hambre y las caminatas, algunos campamentos también estaban ubicados en Nariño.
"Posteriormente, al finalizar el año 2006, Alfonso Cano (†) había reiterado la orden de no permitir el rescate de los secuestrados y se repetía a los guardias que, en caso de un asalto
inminente del Ejército, debían asesinar a los secuestrados. El compareciente Héctor Julio Villarraga, El Grillo, reconoció que cuando recibió esta orden se reunió con los guerrilleros que tenían a cargo la custodia de los Diputados y les ordenó cumplir la indicación de Alfonso Cano, de hecho, reconoció que se convirtió en una consigna en las transmisiones de radio queimpartía a diario" señala la JEP.
El 18 de junio de 2007 llegaron al campamento 3 guerrilleros del frente 29 y se generó una tensión con los guerrilleros que se encontraban en guardia pues hubo dudas sobre la posibilidad de que pertenecieran al ELN los guerrilleros del frente 29 abrieron fuego en contra de los puestos de guardia de la comisión de cuido de los Diputados en medio de la confusión.
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"Ante el sonido de los disparos en el puesto de guardia, los miembros de la guardia directa, entre los que se encontraban Jesús Numar Rivera Córdoba, Wilson o Pocillo, y Eric Vidal Camilo, Adán, interpretaron que se estaba produciendo un rescate militar por parte del Ejército, y siguiendo las órdenes recibidas, procedieron a asesinar a once de los Diputados" señala la JEP.
De los 12 diputados sobrevivió Sigifredo López, quien se encontraba lavándose los dientes y quien contó que se enteró de la masacre por un guerrilleros que le relató lo sucedido, para la JEP la "política" de las Farc de buscar un intercambio de políticos por guerrilleros en prisión fue fallida.
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"La política de buscar el intercambio de civiles miembros de las tres ramas del poder público como senadores, ministros o jueces por guerrilleros fue una política fallida para las
FARC-EP. Las posibilidades de intercambio fracasaron, por lo que los secuestros resultaron en largos cautiverios donde las víctimas sufrían no solo de las condiciones propias del cautiverio, sino también de malos tratos y de la constante persecución por parte de la Fuerza Pública y los bombardeos en medio del conflicto armado. En algunos casos el desenlace fue la liberación unilateral, o el rescate, después de años de sufrimiento en circunstancias inhumanas. Para los once Diputados, el desenlace fue la masacre. Después de haberlo negado durante años, ante la JEP los comparecientes reconocen que había una orden de fusilamiento en caso de intento de rescate, que se implementó con la masacre de quienes por cinco años habían vivido en
condiciones inhumanas" explica la JEP.
Este Bloque para secuestrar hizo alianzas con terceros, bandas criminales y con otras guerrillas pero además secuestraron a niños para cobrar a las familias dinero a cambio de liberarlos, pues se documentaron al menos 6 casos de menores de edad. Secuestraron a personas para presionar a sus familiares a que pagaran las extorsiones y hay casos en los que los guerrilleros pedían sumas que los cautivos y sus familias no tenían, dos víctimas también relataron hechos relacionados con violencia sexual y hay secuestrados que fueron desaparecidos, las privaciones de la libertad también se dieron con el objetivo de mantener el control social y territorial.
Se violó la dignidad humana de los secuestrados
La mayoría de las víctimas contaron que eran sometidas a tratos inhumanos y degradantes, generando afectaciones físicas, psicológicas y morales.
"La desestimación de la dignidad humana se evidenció, además, en la ausencia de sanciones para quienes transgredieran la integridad de las personas en cautiverio. A esto se sumó
la precariedad de los lineamientos para la capacitación y supervisión de la tropa que vigilaba alos cautivos. Aunque en algunas versiones voluntarias se aseguró la implementación de sanciones
para quienes incurrieran en malos tratos, esto no era frecuente" señala la Sala de Reconocimiento de la JEP.
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En el caso de los Diputados la Sala explica que fueron vestidos con camuflado para evitar que fueran identificados como civiles y eso aumentó la percepción que ellos tenían de su propio riesgo.
"A las condiciones materiales extremas se sumaron los malos tratos entre los cuales la Sala documentó
como frecuentes: el aislamiento, las marchas forzadas, la insuficiencia de recursos
materiales para la supervivencia, las cadenas y amarres, los castigos, y los gritos, amenazas, humillaciones y simulaciones de fusilamiento" explica la JEP.
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Por otro lado había una falta de una alimentación adecuada y la precaria atención en salud, pues incluso se les retiraron los alimentos para castigarlos hay casos de amarres extremos, golpes, humillaciones, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. Incluso la JEP habla de una "desestimación de la vida que tenía la organización armada por los cautivos".
Consecuencias del secuestro
Las víctimas en algunos casos tienen afectaciones a la salud física y mental, casos de exilio por falta de condiciones de seguridad y en los casos en los que los secuestrados generaban ingresos para sus familias hubo afectaciones económicas importantes. Se afectó el autogobierno de los pueblos étnicos, la vida en comunidad, la democracia
Imputados
La Sala de Reconocimiento decidió imputar a "Pacho Chino", quien hizo parte del Bloque Occidental entre 2012 y 2016 por estos hechos. También a alias el Grillo, quien ya reconoció su responsabilidad en el caso de los Diputados, también a Pacho Quinto, miembro de la dirección de la Columna móvil Miller Perdomo entre 2003 y 2012 y segundo al mando de CM Miller Perdomo y también a Sargento Pascuas, entre otros. En total la JEP llamó a 8 exguerrilleros a reconocer su responsabilidad por los secuestros de este Bloque de las extintas Farc.
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