La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de Katia Patricia Sánchez Mejía, quien fue empresaria en Montería, Córdoba, y condenada en la justicia ordinaria por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, entre otros.
“Sánchez Mejía fue fundadora y representante legal, junto con su esposo, de la empresa Urapalma. A través de ese negocio establecieron relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y con el Bloque paramilitar Elmer Cárdenas, para desarrollar un proyecto palmicultor que dio lugar al despojo de tierras y al desplazamiento de pobladores en la región de Urabá, específicamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, entre 1997 y 2000”, señala la JEP.
Sin embargo, esta jurisdicción aclara que los aportes a la verdad de la empresaria cumplieron de manera leve con los estándares exigidos por este tribunal, no permiten aún esclarecer la política criminal de despojo y desplazamiento forzado .
“No obstante, la sala acepta el sometimiento Sánchez acogiendo también las posturas del Ministerio Público y de las víctimas, quienes consideran que la ahora compareciente cuenta con información importante que podría brindar un mejor entendimiento sobre el conflicto armado y sobre las dinámicas de macrovictimización ocurridas en el Urabá y el Bajo Atrato perpetradas por paramilitares en connivencia con empresarios de la palma, con miembros de la fuerza pública y con otros agentes del Estado”, explica la jurisdicción.
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