Transparencia por Colombia expresó su inquietud ante la relación que se está haciendo entre la investigación sobre la presunta violación de topes de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro y un supuesto intento de desestabilización institucional, o incluso de golpe de estado.
La organización subrayó que este tipo de afirmaciones no solo desinforman a la opinión pública, sino que también generan riesgos graves para la democracia del país. Según Transparencia por Colombia, es fundamental que el proceso investigativo continúe conforme a los procedimientos establecidos por la ley, evitando cualquier tipo de especulación que ponga en riesgo el orden democrático.
Transparencia por Colombia recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad de investigar administrativamente las posibles irregularidades en la campaña presidencial, pero no puede juzgar directamente al presidente. En caso de que se encuentren elementos que lo ameriten, el CNE deberá remitir sus hallazgos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la entidad competente para llevar a cabo un eventual proceso de juzgamiento en contra del jefe de Estado.
La organización reiteró que la investigación debe continuar dentro del marco institucional, abordando y resolviendo las presuntas irregularidades en los gastos y aportes de la campaña de Petro, sin caer en narrativas que puedan afectar la estabilidad política del país.
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