Inpec ha pagado más de 1.000 millones a comunidades molestas por inhibidores en cárceles

Aunque elInpec tiene autorización para trabajar con 22 inhibidores de señal en las cárceles del Colombia, a la fecha solo hay siete de estos dispositivos en funcionamiento en las cárceles de las siguientes ciudades: Cali, Palmira, Acacías, Modelo (Bogotá), Cúcuta, Ibague y Pereira, lo grave del asunto es que funcionan a medias por la tecnología con la que operan que es prácticamente obsoleta.

Los otros nueve inhibidores de señal, de acuerdo con el Inpec, están fuera de servicio por vandalismo o falta de mantenimiento, por lo que, aunque están instalados, no sirven para nada en las cárceles del país y por eso los delincuentes aprovechan para hacer llamadas o enviar mensajes extorsivos desde sus celdas.

Pero ese no es el único problema que enfrenta el Inpec respecto a los inhibidores de señal en las cárceles . También hay restricciones por parte de las comunidades que han demandado y han hecho acciones populares en contra de la entidad por cuenta de que salen afectados por los dispositivos respecto a la señal celular en las zonas ubicadas a los alrededores de los centros penitenciarios donde están activos.

En total, el Inpec ha enfrentado tres procesos administrativos por los cuales ha tenido que pagar un total de $1.071’652.000, a las comunidades demandantes por afectaciones en los alrededores de la cárcel Modelo de Bogotá, la cárcel de Bucaramanga y la cárcel de Cómbita, Boyacá.

Además de esto, también hay sobre la mesa una acción popular en curso para la cárcel de Cómbita, también de las comunidades afectadas. “En el marco de una derogación económica de un proceso sancionatorio con la agencia nacional del espectro y hay otro proceso judicial de reparación directa en el Tribunal de Cundinamarca por el inhibidor de la cárcel modelo de Bogotá.

El Inpec, según se conoció, ha enviado solicitudes al Ministerio de las TIC para resolver el problema y dar cumplimiento de las obligaciones descritas en el decreto No.4768 del 2011; sin embargo, han sido prácticamente 11 años en los cuales no se ha recibido ni la primera respuesta por parte del ministerio.
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