Ingeniería criminal, mineros ancestrales y una multinacional: la batalla por el oro en Buriticá

Un solo gramo de oro hoy vale unos 250.000 pesos yen Buriticá, Antioquia, las montañas están repletas él. La "fiebre del oro" terminó en una guerra subterránea que afecta a una comunidad entera, una multinacional china y tiene como protagonista también al Clan del Golfo.

La multinacional Zijin Continental tiene los permisos legales de explotación del Gobierno, por lo que construyó tres grandes avenidas bajo tierra para llegar al oro. Sin embargo, grupos ilegales han construido otros túneles para tomarse el control de las instalaciones.

Bajo tierra las autoridades han encontrado explosivos, cilindros bomba barricadas, cambuches, armas, muertos, heridos, y elementos para extraer el oro de la tierra. Una auténtica ingeniería del crimen como se ve en este video explicativo que preparó Blu Radio.

Pero la historia tiene otra perspectiva y es la de los pequeños mineros que alegan haber estado en Buriticá desde siempre, desde cuando no existía Continental. Ellos se asociaron en una compañía llamada Mineros Ancestrales de Buriticá SAS y en mayo un juez de Santa Fe de Antioquia les concedió una medida cautelar para que los dejen seguir sacando el oro mientras la Agencia Nacional de Minería los formaliza.

Según el juez que firmó la orden, el oro es la única alternativa laboral de esos mineros: “Ante el silencio de la sociedad y la falta de mediación de la Agencia Nacional de Minería, se están viendo avocados a procedimiento policivos, cierres de los lugares de donde acceder a sus trabajos de minería ancestrales, siendo que de dicha actividad al tratarse de personas de categorías bajas del SISBEN, y a pesar de su asociación se han visto perjudicadas en su labor”

La Procuraduría intervino en el proceso y dijo que el juez no tenía la competencia para dar esa orden. Esa misma entidad está investigando si hubo ‘omisión’ por parte de funcionarios públicos que habían recibido alertas de Zijin sobre la grave situación de orden público en Buriticá antes del atentado que dejó a 2 personas muertas y 14 más heridas. El atentado se hizo, justamente, usando uno de los túneles alternos.

El gran problema se llama Clan del Golfo y hoy se financia con la minería ilegal. Para la senadora Isabel Zuleta las autoridades dejaron crecer el problema durante años y el único remedio a esta situación es una negociación.

“El alto comisionado para la Paz ha venido haciendo unos esfuerzos muy grandes para que se instale una mesa con este grupo al margen de la ley de manera específica en el caso de Buriticá así como otros casos de zonas mineras de Antioquia. Ha sido puesto allí en la mesa yo he insistido desde hace. Mucho tiempo. Una de mis primeras intervenciones fue pedirles a esos grupos al margen de la ley que había una disposición de este gobierno que nos sentáramos a hablar, que se sentaran a hablar con el gobierno y los delegados del señor presidente para que solucionáramos este problema porque el daño que le están haciendo al Bajo Cauca Antioqueño, el daño que le están haciendo al nordeste antioqueño el daño que le están haciendo al Occidente es enorme. Por lo tanto hago un llamado por medio de estos micrófonos de nuevo a las AGC: Este gobierno está dispuesto a dialogar”, dijo la senadora Isabel Zuleta

Zuleta dice también que es momento de darle prioridad también a los mineros ancestrales y que ha habido abusos de poder por parte de Zijin que han sido permitidos por gobiernos anteriores.

“Una ciudadanía completamente acorralada en donde no hay más espacio, porque si ve el mapa de su municipio todo está concesionado. Todo está titulado en realidad eso no es cierto, hay una margen, unas maneras de entender cómo son múltiples títulos que se han empezado a acumular, que se han empezado a superponer los unos sobre los otros”, agregó Zuleta.

Esta semana el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se reunió con directivos de Zijin y concluyó que “es urgente una intervención integral de Buriticá y un compromiso fuerte del Gobierno Nacional”. Quienes hablan de intervención integral piden más fuerza pública en la zona, pero también que otras entidades del Estado hagan la tarea.