En una denuncia realizada a través de su cuenta de X, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que existen casos de corrupción dentro dela entidad relacionados con incumplimientos de contratos, falsificación de documentos, pagos indebidos e irregularidades en los operadores. Los hechos, de acuerdo con la funcionaria, ya fueron dirigidos a las autoridades competentes para que evalúen posibles sanciones.
En un trabajo en conjunto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una auditoría en la contratación, identificando que en algunas nóminas reportadas a la entidad se registraba un valor más alto al que se le terminaba pagando a los colaboradores.
También, según la denuncia, se encontraron incumplimientos en contratos relacionados al número de niños atendidos, ya que no concuerdan con los cupos que se otorgaron y pagaron.
En la publicación de la directora también se afirma que en algunos contratos, adjudicados años atrás, hubo proyectos que se ejecutaron en un menor tiempo del estipulado, lo que evitaba un pago extra a proveedores. Sin embargo, el cobro se realizaba como si no se hubieran finalizado antes.
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Adicionalmente, en la auditoría identificaron que 220 contratos de la entidad estaban en manos de 59 operadores con un mismo representante legal, dirección de domicilio y demás características iguales.
Precisamente en algunos convenios con dichos operadores se registró que allí se han presentado una mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Incluso, la directora asegura que algunas organizaciones o fundaciones para la atención de la niñez en Colombia han tenido relación directa con clanes políticos.
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Para concluir, en una revisión del ICBF se encontraron documentos presuntamente falsificados que servían para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.