La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes.
Lo anterior significa que la Nación deberá asumir las violaciones de derechos humanos cometidas a más de 6.000 integrantes.
Por otro lado, el Estado pidió perdón y asumió responsabilidad en la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina, empleado de un asadero en la Comuna 13 de Medellín, que se perpetró durante el desarrollo de la Operación Orión en 2002.
En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló lo que estas condenas significan en materia de procesos jurídicos y económicos para el país.
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“Es un problema supremamente grave, porque no es solo el Sistema Interamericano, tenemos sentencias del Consejo de Estado de la sección tercera, tenemos sentencias que se producen en los tribunales administrativos del país, por fallas en el servicio, por errores en el conflicto armado, son una serie de decisiones que efectivamente tienen un monto altísimo”, señaló Zamora.
Sin embargo, resaltó que “debemos ser conscientes de que en este momento se están produciendo los resultados en relación por el respeto de las víctimas”.
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Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.
Hay que recordar que cuando se dio a conocer la sentencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha reafirmado en varias ocasiones que respetará las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en junio del año pasado.