Doce organizaciones incluyendo gremios empresariales, asociaciones de profesionales del sector y hasta las corporaciones autónomas regionales le piden al Consejo de Estado una medida cautelar que suspenda el decreto 044 de 2024 que le permite al gobierno nacional declarar zonas de reserva ambiental en cualquier parte del país y suspender la minería en su interior.
Según la carta enviada a los magistrados, la suspensión buscaría evitar "perjuicios irremediables a un sector de la economía tan significativo para el desarrollo del país y las finanzas públicas".
Según estas organizaciones, el Gobierno podría prohibir por esta vía incluso la extracción de materiales de construcción sin que exista un sustento técnico y ni siquiera una revisión de las Cars, que son las autoridades ambientales de las regiones. La suspensión de la minería además podría ser indefinida y llevar al deterioro de los yacimientos por falta de mantenimiento.
El Gobierno dijo al Consejo de Estado que su decreto contó con la suficiente socialización. Sin embargo, estas organizaciones lo desmienten.
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"Con profundo respeto debemos decir que esto no es cierto. El decreto fue publicado, pero
esto no significa que se haya llevado a cabo una participación efectiva", dice el documento. Además, aseguran que no se atendió a la petición de un espacio de participación efectivo, como dicen las normas y que quedaron promesas incumplidas, como la promesa de publicar un nuevo borrador del decreto antes de adoptarlo.
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El documento presentado por los gremios destaca que la decisión del Gobierno es desproporcionada y carece de la debida fundamentación técnica, generando un ambiente de arbitrariedad.
Hoy el Ministerio de Ambiente trabaja en la reglamentación de las zonas de reserva de temporal para empezar a utilizarlas.
“Una prohibición territorial de actividades mineras es un mal precedente para cualquier industria que espera operar bajo reglas justas y enmarcadas en la ley”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.