Hacinamiento en las cárceles sigue desbordado y se habrían perdido 169.000 millones: Contraloría

El seguimiento al "estado de cosas inconstitucional", que declaró la Corte Constitucional por sobrepoblación carcelaria deja muy mal parado al Gobierno, según la Contraloría General de la República.

El ente de control dice que instalaciones con 2.721 cupos aproximadamente no han entrado en trabajo y la operación de las cárceles que están funcionando no marcha bien: "El hacinamiento persiste de manera generalizada, pese a los recursos invertidos para la ampliación, generación de cupos, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura en operación”, dijo la Contraloría.

Según la Contraloría, hay cárceles que tienen problemas con cosas tan básicas como garantizar agua potable a los reclusos como ocurre en La Modelo de Bogotá. Otros establecimientos tienen problemas también con la disposición de aguas residuales.

Los servicios de alimentación tampoco se salvan pues, según el ente: "Se prestan a través de operadores que se encuentran en problemas financieros y logísticos para garantizar las condiciones de servicio pactadas"; por ejemplo, algunos están colgados con el pago de servicios públicos o proveedores. Esto implica que los reclusos no están recibiendo su comida en las condiciones de cantidad, temperatura y calidad que deberían tener.

Sin embargo, el grueso del impacto fiscal no tiene que ver con las instalaciones que ya operan, sino con las que se quedaron en planes; por ejemplo: la construcción de la colonia agrícola 'Camis' de Yarumal, Antioquia, que costó 65.000 millones de pesos, pero nunca se concretó y terminó convertida en un elefante blanco.

Tampoco entró a operar la infraestructura modular penitenciaria EPMSC Santa Marta; no se terminó ni se entregó la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Barranquilla; ni la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Cartagena.

Por su fuera poco: "A través de las visitas a los establecimientos se evidenció que los bienes muebles encontrados en talleres, áreas educativas y culturales, son mantenidos por la Población Privada de la Libertad (PPL) y en algunos casos utilizan recursos propios para garantizar su funcionamiento”, concluyó la Contraloría.

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