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Hacinamiento en estaciones de Policía sobrepasa el 100 %, alerta Defensoría

El Ministerio Publicó reveló su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos de privados de la libertad en el país.

Hacinamiento en estaciones de Policía
Hacinamiento en estaciones de Policía
Foto: Defensoría del Pueblo

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, calificó como “terrible” las condiciones de derechos humanos que hay actualmente en las cárceles del país, y así lo deja ver el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo frente a esa problemática.

Por eso, en su más reciente informe sobre la situación actual en las cárceles del país, la entidad confirmó que, aunque en las estaciones de Policía hay una capacidad para algo más de 8.900 presos, en la actualidad hay más de 21.000, dejando un hacinamiento que supera el 141 %.

En las Unidades de Reacciones Inmediatas (URI) aunque hay disponibilidad para más de mil privados de la libertad, en estos momentos hay más de 1.500 dejando un hacinamiento del 41 %.

Mientras que el Instituto Nacional Penitencia (Inpec) reportó que la situación de hacinamiento en las cárceles del país donde tienen jurisdicción supera el 21 % pues, con una capacidad para 81.000 personas, la realidad es que hay cerca de 100.000 privados de la libertad.

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¿Qué dice el Gobierno?

Frente a esta grave situación, el ministro de Justicia,Néstor Osuna, reconoció que las “condiciones en las cárceles es terrible y por eso se quiere humanizar estos espacios”.

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Por eso, insisten en que la resocialización es un gran aporte para que no vuelva a pasar la reincidencia, se debe llevar educación a las cárceles y dar beneficios a quienes cumplan la pena y tengan buen comportamiento.

Por eso, el ministro Osuna cree que la iniciativa de Bukele en El Salvador de crear cárceles es “un modelo autoritario”.

“Yo creo que está en las antípodas de las formas de concebir las políticas criminales por parte de este Gobierno que es respetuoso de los derechos humanos”, agregó.

En ese sentido, el ministro también confirmó que ya radicó ante el Congreso una solicitud para que el presidente Petro pueda tener facultades extraordinarias que le permitan administrar el sistema carcelario durante seis meses.

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