nueva organización dedicada al envío de cocaína mediante la modalidad de vuelos contaminados con destino a carteles mexicanos.
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Con base en la información acopiada durante el proceso investigativo que comenzó el 19 de diciembre de 2016 en coordinación con la DEA, la Policía Nacional ahora enfila sus baterías hacia un grupo de operadores de radares que habrían colaborado con el Clan del Golfo para alertar la presencia de aeronaves estatales, tal como sucedió el 31 de octubre de 2017 cuando un avión de inteligencia militar en la base de Palanquero intentaba interceptar un monomotor sospechoso con rumbo a Centroamérica.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol estableció que a las aeronaves procedentes del exterior, principalmente de Panamá, les eran retiradas las sillas y otras partes del fuselaje para camuflar y transportar la droga, cuya cuantía se estima entre 600 a 800 kilos por cada vuelo.
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La organización contaba con pilotos procedentes de ese y otros países centroamericanos, quienes constataban las condiciones de las pistas clandestinas ubicadas en Sucre, Valle del Cauca y Antioquia, así como las coordenadas y rutas para evadir los controles aeronáuticos.
En desarrollo de la primera etapa investigativa que culminó con la captura de los familiares de Otoniel, identificados como Andrés Felipe Úsuga Murillo, alias ‘Sebastián’, y Javier Darío Úsuga Murillo, alias ‘Manuel’, además de otras cuatro personas entre las que figura Carlos Alberto Calderón Mendoza, alias ‘Gafas’, y quien para las autoridades era el principal enlace del Clan del Golfo con los narcotraficantes mexicanos, fueron incautadas 10 toneladas de cocaína.
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