El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el viceministro de Hacienda, Andrés Velasco, desarrollaron una reunión con diez gobernadores para reformular el decreto que reglamentaba el funcionamiento de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es la entidad encargada de ejecutar el grueso de los recursos del régimen subsidiado y contributivo de los pacientes del país.
El decreto, que fue firmado el 29 de diciembre, establecía cambios en el recaudo del sistema de salud de los departamentos y obligaba a las gobernaciones a girar cada mes varias categorías de diferentes recaudos.
Estableció, por ejemplo, que el 50 % del valor de la prima anual establecida para el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, debería ser recaudada y transferida por las aseguradoras a la entidad cada mes.
También está el impuesto social a las armas, a las municiones y explosivos, que deberá ser girado mensualmente por Indumil a la entidad, y las multas antitabaco que quedaron fijadas a partir de 2009.
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En esa línea, se añade que el 75 % de los recursos de los juegos de suerte y azar que caduquen o no sean cobrados y que sean administrados por Coljuegos, deben ser también transferidos a la Adres. Allí entra adicionalmente el 12 % de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de lotería tradicional o de billetes.
Entre otras fuentes de recaudo, está un porcentaje de los recursos provenientes del impuesto al consumo de cervezas y sifones de producción nacional e internacional.
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El cambio más importante que quedó consignado en un documento conjunto de los gobernadores y el ministerio es que no se establecerá la obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de licores para financiar el aseguramiento en salud, pero se ratifica también la obligación de las entidades territoriales de no disminuir los valores históricos de la cofinanciación.
Finalmente, se concluyó que los mayores recuados de las rentas cedidas son de propiedad de los departamentos.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se quejó de que con el decreto su departamento perdería 247 mil millones de pesos. El del Huila, Carlos Julio Gonzáles, dijo que las pérdidas serían de 22 mil millones de pesos, y el de Boyacá, Carlos Amaya, había calculado el desajuste en 42 mil millones.
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Por último, se acordó la creación de una mesa técnica para revisar el modelo de financiación conjunta en el que aporta el Gobierno, es decir el Adres, y aportan los departamentos.
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