La respuesta al informe presentado por la ONU sobre los hechos registrados en septiembre de 2020 llegó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un comunicado, La Cancillería aceptó la existencia de víctimas y la responsabilidad de las autoridades en reparar los daños cometidos de manera individual a las personas afectadas en casos de abuso policial.
“Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación”, sostiene la Cancillería en un aparte del comunicado en el que advierte que la violencia “desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta” porque pone en “riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país”.
La Cancillería afirma que la “política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica, se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas” y hace referencia a los recientes proyectos de iniciativa gubernamental que buscan la transformación de la Policía en una institución formada en el respeto a los derechos humanos.
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Asimismo, la lectura que ha hecho el Gobierno sobre el informe de la ONU destaca queese organismo reconoce que el país cuenta con un marco jurídico que protege la protesta pacífica y la voluntad política para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozca los avances de la Fiscalía en el esclarecimiento sobre los posibles casos de asesinatos, desapariciones y torturas a manifestantes.
De igual forma, la Cancillería solicita el apoyo de la ONU para avanzar en las soluciones de los problemas estructurales de la sociedad colombiana para “superar la pobreza extrema, los factores de violencia y la garantía de los derechos fundamentales” que fueron los detonantes del estallido social y la movilización de miles de personas en el marco del paro nacional.