La extorsión carcelaria sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía en Colombia, y ahora al Gobierno le tocó reconocer que los inhibidores de señal no son la mejor opción para combatir este delito que, según la Procuraduría va en aumento y parece no tener ningún tipo de control.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que los inhibidores de señal para bloquear las llamadas desde las cárceles “no solo afecta a los que están dentro del centro de prisión, sino que afecta a las comunidades circundantes. Han sido recurrentes las tutelas por esta situación y por mandato de los jueces se ha suprimido estos aparatos”.
Por eso, el ministro confirmó que con las carteras de las TIC y Justicia, así como con el director de la Policía, han sostenido varias reuniones para buscar nuevas tecnologías que permitan contrarrestar la extorsión carcelaria y de paso no afecten a la comunidad que habita cerca a una cárcel.
Aunque la tecnología ha sido un obstáculo frente a este fenómeno criminal, las autoridades han logrado identificar a 30 personas y varios cabecillas de ‘La Inmaculada’ que estarían detrás de la extorsión carcelaria. A esos sujetos se les ha implementado un plan especial con traslados para que se les impida volver a incurrir en este delito.
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“La llamada de atención de la Procuraduría no la tomamos muy en serio. Somos conscientes que desde las cárceles hay extorsión. Vamos a redoblar esfuerzos y tenemos un plan específico para intentar remediar pronto la situación”, recalcó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La Procuraduría alertó que de los 22 inhibidores que hay en cárceles del país solo funcionan dos, por lo menos el 43 % de los delitos en cárceles tiene que ver con extorsión y de paso “rajó” al Gobierno en la lucha que está adelantando contra este delito.
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