La Superintendencia de Servicios Públicos interpuso este martes un recurso legal ante el Consejo de Estado para pedirle que reverse la decisión de suspender el decreto 227 de 2023. Ese es el decreto con el cual el presidente Gustavo Petro pretendía reasumir la regulación general en materia de servicios públicos en Colombia.
Según el documento firmado por el superintendente Dagoberto Quiroga, para el Gobierno no es claro “cuál es el presunto perjuicio irremediable o el peligro eminente que se quiere evitar”. Por el contrario “lo que se advierte es un perjuicio que se generaría para los ciudadanos en el evento en que se materialice la medida cautelar decretada, pues el Gobierno y la población en general quedarían sin medidas eficaces tendientes a dar soluciones de política pública general, en materia de servicios públicos domiciliarios, y de manera particular, cuando es un hecho notorio la excesiva alza de tarifas de servicios públicos domiciliarios”.
Otros argumentos legales incluyen el hecho de que el decreto en sí mismo no constituye una regulación para el sector, es decir, no modifica nada, y que el presidente solo asumiría directamente la regulación de carácter general que le da la Constitución. La regulación de carácter particular que la ley le asignó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas seguiría en ese organismo.
Blu Radio conoció que la recomendación que le van a dar al presidente Gustavo Petro es que siga adelante con el plan de cambiar por decreto la regulación general del sector buscando eficiencias en la fijación de las tarifas al consumidor.
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Si el presidente acoge la recomendación veríamos hacia adelante la publicación de proyectos de decreto para reglamentar las leyes 142 o 143 de servicios públicos.
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