El decreto de nombramiento fue firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, según una publicación del diario El Tiempo .
Sin embargo, la Procuraduría incluyó a Daniela Andrade en una investigación un día después de su nombramiento, relacionada con su anterior rol en la Fiduprevisora S.A.
La investigación se centra en presuntos sobrecostos en la compra de plantas desalinizadoras para La Guajira, por un valor de 42 mil millones de pesos. Andrade, como representante de Fiduprevisora S.A., fue responsable de firmar el contrato.
En el decreto 0953 de 2024, se afirma que Andrade cumple con los requisitos legales para el cargo. Su trayectoria incluye trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro, así como en la Contraloría y otros organismos.
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Se ha señalado que Andrade tiene vínculos personales con Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre, cercano a Laura Sarabia. Ramírez estuvo involucrado en conversaciones sobre contratos de la UNGRD, valorados en 92 mil millones de pesos, según los confesos Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Andrade Valencia denunció ante la Fiscalía las menciones a su nombre en esas conversaciones de WhatsApp aportando a su favor que ella denunció presuntas irregularidades en materia de contratación.
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Andrade ha sido clara en que su nombramiento en la Fiduprevisora se debió a sus méritos profesionales, y no a sus relaciones personales.
Fuentes de la Casa de Nariño aseguraron al diario El Tiempo que Andrade no presenta inhabilidades para ser notaria. Además, destacaron que ella informó sobre inconsistencias en contratos ante el presidente Petro.
La decisión de nombrar a Andrade se tomó debido a la falta de una lista de notarios elegibles y la necesidad de cubrir el cargo de forma interina. Mientras tanto, la Procuraduría continúa con las investigaciones en su contra.
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