Gobierno entregaría manejo del PAE a juntas de acción comunal

Desde que fue elegido presidente, Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) pase de ser un programa de alimentación escolar a uno de seguridad alimentaria. Esto lo que implica es que los menores de edad en el país reciban comida, incluso, fuera de las aulas de clase. Sin embargo, cumplir con esta tarea no será sencillo por los retos que plantea el programa y su puesta en marcha.

El Ministerio de Educación estima que para llegar a la universalización del PAE en todo el país es necesario contar con, al menos, un billón de pesos, basado en los costos que maneja el programa a corte de enero de 2023.

Blu Radio logró conocer que, ante el requerimiento de estos recursos, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, solicitó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de 400.000 millones de pesos que se consolidaría como el primer paso para que el programa sea ofrecido no 180 días del calendario escolar, sino los 365 días del año en los departamentos y municipios con los índices de inseguridad alimentaria más preocupantes.

A esto se le suma que el Gobierno trabaja en otra estrategia y es que el Plan de Alimentación Escolar sea operado por las juntas de acción comunal principalmente en las zonas rurales y ciudades pequeñas que estarían ubicadas en Nariño, Huila, Córdoba, Chocó y Guainía. Para esto se tienen destinados 73.000 millones de pesos que empezarían a operar en abril o después del receso educativo de mitad de año para 200 de los municipios más impactados por la inseguridad alimentaria.

Blu Radio también estableció que Bogotá, Pasto y Soacha serían las ciudades principales donde se implementaría una cobertura universal del PAE.

“Nos dicen, para decirles a los niños, que el PAE tiene cobertura universal. Eso como que no se entiende y es que todos los niños y niñas de los colegios oficiales puedan tener alimentación, eso es lo que quiere el alcalde. Para eso mencionó una cifra de esas que repite sin mucho sentido de 5.000 millones de pesos y yo le voy a decir al alcalde cuente con eso: Soacha va a ser la tercera ciudad de Colombia con cobertura universal del PAE”, dijo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, desde Soacha.

El Gobierno, entre tanto, ya tiene lista la reglamentación para permitir la contratación solidaría y comunitaria que daría sustento jurídico para lograr esta meta.

“Hemos terminado la elaboración de la reglamentación de la ley 2166 que va a abrir un nuevo marco para la contratación solidaria, la contratación comunitaria y vamos a tener los instrumentos de acompañamiento además con un plan padrino y unas alianzas que hemos hecho con la Dian que bien pone difícil la obtención del registro único tributario y, también con la banca para que nos permita abrir las cuentas bancarias masivamente para que les permita a ustedes acceder a los recursos en las condiciones que la ley ha planteado y estamos reglamentando”, expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada, después de su reunión con juntas de acción comunal en el departamento de Boyacá.

Es ciertamente difícil el panorama que tiene el país en la implementación y puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar, además del abandono, desasosiego y hambre histórica que viven muchas comunidades por las demoras e irregulares. Ante esto, la Contraloría ya tiene en la mira el tema y aseguró que un poco más de 530.000 niños y niñas en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación durante el año escolar.

“De las 97 Entidades Territoriales Certificadas, nueve que son Valledupar, Córdoba, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga corren el riesgo de no iniciar oportunamente la prestación del PAE por falta de planeación en la contratación”, aseguró Alexandra Rodríguez, contralora delegada para la participación ciudadana.

Además, se le suma que la Procuraduría evidenció retrasos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en varias regiones del país. En 15 entidades territoriales no se garantizó desde el primer día del calendario escolar el servicio de alimentación.

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