Se trata del decreto 1231, firmado ya por el Ministerio de Defensa, y con el que el Gobierno modificar el decreto 1070, que modera el uso diferenciado y proporcional de la fuerza para todos los miembros de la Policía nacional en su ejercicio.
El documento ordena a los uniformados siempre actuar bajo el principio la mínima intervención posible del Estado, pero además, dice que los funcionarios de la Policía no podrán usar armas de fuego y fuerza letal para salvaguardar bienes materiales que “resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas”. Esto quiere decir que en un escenario de manifestación como el que ocurrió antes del estallido social, en el que más de un tercio de los 156 CAI fueron incendiados durante protestas, los uniformados no podrían optar por el uso de la fuerza potencialmente letal.
El decreto pide a los policías priorizar medios sustitutivos que son por ejemplo disuasión verbal, diálogo y comunicación, también establece que todos los uniformados deben ser formados en esta materia.
En el parágrafo cuatro plantea que la policía debe hacer un constante análisis sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza y pide establecer estrategias para disminuir al máximo las posibles causas que puedan desencadenar en violaciones de derechos humanos.
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En esa misma línea ordena a la policía realizar un informe anual sobre los resultados de cualitativos y cuantitativos en la implementación de ese uso diferenciado y proporcional de la fuerza y dice que dicho informe deberá ser presentado en la rendición de cuentas de la institución, pero además publicado en la página del ministerio de defensa.
Pero el documento además continua con ocho órdenes más para la policía nacional, comenzando por la implementación, punto en el que pide a la institución establecer una estrategia permanente de instrucción en todas las unidades para aplicar esto, pero también exige un plan de alineación doctrinaria.
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Por último, establece un plazo de 18 meses para actualizar todos los actos administrativos internos que vayan en contra del decreto y pide además que su cumplimiento sea supervisado por el personal que cumple funciones de mando y control
Además, establece un plazo de 18 meses para actualizar todos los actos administrativos internos que vayan en contravía del decreto.
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