El Ministerio de Salud y las EPS lograron un principio de acuerdo para garantizar el respectivo funcionamiento del sistema de salud en lo que resta de 2023. El Gobierno se comprometió a desembolsar 10 billones de pesos que permitan la atención de enfermedades de alta complejidad.
Este dinero será desembolsado a las EPS que habían advertido una situación financiera compleja: Sanitas, Sura y Compensar. Se espera que estos recursos sean girados en lo que queda de 2023.
“A las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes. Yo le he dicho claramente a las EPS que tengan cuidado porque los están utilizando para montar una crisis”, señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El segundo acuerdo al que llegaron Gobierno y EPS es evaluar un nuevo método de cálculo del monto que año a año se les gira a estas entidades prestadoras de salud. Así lo señaló también Ana María Vesga, presidente de Acemi, gremio de las EPS.
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“Pudimos expresar los temas que particularmente están inquietando y hay una buena disposición al diálogo. Precisamente, con esa buena disposición, que aportemos todos para asegurar que el cálculo a futuro se haga de manera más ajustada a las realidades”, señaló al término de la reunión.
No suspender los servicios médicos y seguir dialogando en mesas técnicas fueron los otros dos acuerdos a los que llegaron el ministerio y las EPS.
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Todo empezó el pasado 27 de julio, cuando al ministro de Salud le llegó una carta de tres páginas enviada por el gerente general de EPS Sura, Pablo Otero; el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda; y el director de salud de Compensar, Andrés Barragán. En dicha misiva,se alertó acerca de la situación financiera delicada y angustiosa que atraviesa el sistema de atención médica.
Además, en el escrito se abordó la sostenibilidad financiera de estas entidades, debido a que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para cubrir el conjunto de beneficios de salud, sumado a los pagos pendientes por presupuestos máximos, reembolsos y gastos relacionados con la pandemia de COVID-19.
Los presidentes le dijeron al ministro que se debía llegar a una solución para “evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema” y que cada vez es más difícil continuar con la prestación de los servicios, tanto así que la operación en septiembre estaría en veremos.
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