Gobierno defiende pliego de cargos de la SIC contra funcionarios de la Registraduría

En medio de la controversia suscitada por la reciente imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia, la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, aclaró en una entrevista con Mañanas Blu la legalidad y necesidad de estas actuaciones. Según Rusinque, el proceso está amparado en la Ley 1340 de 2009, que otorga a la SIC la facultad de exigir información en sus investigaciones administrativas y proceder con sanciones si se impide el acceso a dicha información.

“No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia,” afirmó Rusinque.

La funcionaria dijo que la SIC no está actuando de manera discrecional ni arbitraria, sino bajo los lineamientos legales y constitucionales que rigen la libre competencia en el país.

¿Qué motivó la intervención de la SIC en la Registraduría?

La acción de la SIC se centra en presuntas irregularidades en los contratos que han beneficiado a la firma Thomas Greg & Sons, la cual ha ganado repetidamente licitaciones en la Registraduría. Desde 2019, la SIC ha recibido denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas en las contrataciones de esta entidad. Rusinque mencionó que incluso organizaciones ciudadanas han manifestado preocupaciones sobre la falta de competencia en estos procesos.

“Desde hace varios años, los medios y la ciudadanía han señalado eventuales irregularidades en estos contratos”, explicó la superintendente.

Este proceso investigativo, como detalló Rusinque, ha seguido procedimientos rigurosos y se han tomado precauciones para solicitar únicamente la información relacionada con estos contratos. La negativa de la Registraduría a proporcionar la información solicitada, específicamente el acceso a ciertos dispositivos de trabajo, fue el desencadenante de los cargos, no una arbitrariedad de la SIC.

Comparaciones con otras investigaciones: la polémica en Cancillería

Durante la entrevista, la superintendente también destacó la cooperación de otras entidades en investigaciones similares, en particular en el caso de la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La SIC realizó visitas administrativas a ambas instituciones por contratos cuestionados, y en ambos casos, las entidades facilitaron la información requerida sin polémicas.

“En Cancillería, incluso los mismos funcionarios facilitaron el acceso a la información requerida,” señaló Rusinque, argumentando que la resistencia por parte de la Registraduría a la inspección de la SIC es lo que verdaderamente resulta llamativo.La SIC ha realizado más de 125 visitas administrativas en los últimos años, principalmente en organismos del Estado, sin incidentes de resistencia similares al de la Registraduría. Esto, para la superintendente, demuestra que la actuación de la SIC no es una intervención extraordinaria, sino un ejercicio regular de vigilancia que abarca tanto al sector público como al privado.

Independencia de la SIC y rumores sobre interferencia electoral

Ante las críticas de que la investigación podría tener motivaciones políticas, específicamente con miras a las elecciones de 2026, Rusinque fue enfática en defender la independencia de la SIC y el carácter técnico de su equipo. Subrayó que la intervención se basa en denuncias recibidas desde hace años y no en una acción reciente o motivada políticamente.

“Esta investigación no comenzó hace ocho días. Las denuncias datan de 2019, y en marzo de este año ya habíamos hecho visitas a la Registraduría,” aclaró. “Nuestro trabajo es vigilar el cumplimiento de la ley sin importar de quién se trate. Este es un mandato que nos compete a todos los colombianos”.La superintendente también mencionó el respaldo de exfuncionarios y expertos en el tema, quienes han defendido la competencia de la SIC para investigar presuntas irregularidades en contratos públicos. Recordó que la Corte Constitucional ha validado las facultades de la SIC en estas materias, dejando sin fundamento las objeciones sobre la falta de jurisdicción.

Protección de datos: otro frente de investigación

En la misma línea de su labor, la Superintendencia mantiene investigaciones paralelas respecto a la protección de datos en los contratos de la Registraduría. Aclaró que varias empresas privadas que manejan información de ciudadanos están bajo escrutinio, y algunas han facilitado la información sin dificultades. No obstante, destacó la gravedad de las denuncias sobre posibles ventas de datos personales a estructuras criminales, situación que la SIC investiga en colaboración con la Fiscalía.

“Estamos trabajando con la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades en posibles vulneraciones al derecho de protección de datos. Esto incluye riesgos serios como la suplantación de identidad”, añadió Rusinque.

La superintendente concluyó afirmando que la labor de la SIC es técnica y no afecta el censo electoral o la autonomía de la Registraduría en temas electorales. Los procedimientos de la SIC están orientados únicamente a asegurar la transparencia y la libre competencia en el ámbito de la contratación pública, protegiendo así los derechos de los ciudadanos en un sistema económico justo y equitativo.