Gobierno defiende ante la JEP gestoría de paz de Mancuso

El Gobierno envió una carta a la JEP en la que responde a una solicitud que hizo este tribunal en el marco del proceso del sometimiento de Salvatore Mancuso.

En una primera medida se refieren a la decisión del magistrado Carlos Andrés Pérez del tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, quien negó la libertad del exjefe paramilitar argumentando que la resolución que lo designa gestor de paz vulnera la constitución y carece de temporalidad en la suspensión de la condena.

El Gobierno, por medio de la abogada del Dapre Carlolina Jiménez, explica que la figura de gestor de paz está reglamentada, incluye la solicitud de suspensión de medidas de aseguramiento o cumplimiento de penas intramurales con el objetivo de que se pueda contribuir a la búsqueda de la paz.

“La designación de gestores de paz por parte del presidente no es una medida ordinaria, sino que tiene un carácter extraordinario, ya que implica un reconocimiento de la complejidad, urgencia y necesidad de designar a una persona que contribuya efectivamente a la búsqueda de la paz, aun cuando estuviera involucrada en actividades al margen de la ley. Esta designación reconoce que, para avanzar hacia la paz, es necesario establecer puentes de diálogo y reconciliación incluso con aquellos que hayan estado involucrados en actividades armadas al margen de la ley”, argumenta el Gobierno.

En el mismo sentido el documento aclara que el presidente tiene en cuenta varios criterios al designar una gestoría de paz, por lo que se valora el compromiso de la persona, su capacidad para desempeñar un papel constructivo en los procesos de reconciliación y negociación y su capacidad para emprender labores en la búsqueda de soluciones pacíficas.

“Todo esto, por supuesto, implica que la designación como gestor de paz es un acto administrativo particular sujeto a revocatoria, siempre que se incumplan las condiciones que se establecen como parte fundamental de la designación. La discrecionalidad de la facultad, en la medida, no implica ni avala la ausencia de compromisos efectivos para su desarrollo”, explica la abogada del Dapre.

El texto avanza explicando las razones para designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, explicando que fue desmovilizado del Bloque Catatumbo de las AUC, por lo que tiene experiencia y conocimiento en desmovilización, también señala el Gobierno que ocupó una posición de mando.

“Las condiciones personales de “SMG” resultan relevantes en la medida en que suponen una valoración presidencial sobre su capacidad con la designación. Su carácter excepcional deriva, precisamente, de que hay pocas personas que cumplan con las condiciones, dadas sus posibilidades específicas, para contribuir al desarrollo de acercamientos y conversaciones con Grupos Armados Organizados y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, según lo que establece la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023, de cara a su desmantelamiento y términos de sujeción a la justicia”, se lee en el documento.

Además, argumentan que la gestoría sí tendrá límites geográficos y temporales claros, que dependerán de su plan de trabajo y para ello se suscribirán documentos y compromisos entre el Gobierno y el exjefe paramilitar.

“El plan de trabajo a suscribir con SMG incluirá la delimitación geográfica de su labor, considerando especialmente y teniendo como límite la ubicación de las víctimas reconocidas de su actuar como integrante en su momento de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por otro lado, como la designación presidencial está sujeta al cumplimiento de unos compromisos posteriores, previamente identificados y establecidos”, argumenta ante la JEP el Dapre.

Citan además el acta de compromiso que firmó Mancuso este año, allí se comprometió a contribuir al desarme colectivo de los grupos armados ilegales, a responder y asistir a todo requerimiento o diligencia judicial, debe además presentar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas y suministrar la información a las autoridades judiciales en todo momento sobre el domicilio, entre otros.

“Estos compromisos suponen una actuación posterior a la designación que permite establecer si “SMG” está cumpliendo con las funciones en su calidad de gestor de paz”, se lee en el documento.

Por último, aseguran que Mancuso también cumplirá unas labores confidenciales que se acordarán en su plan inicial y serán supervisadas cada mes. Para la presidencia, es claro que Mancuso cumple con todos los requisitos para desarrollar la gestoría de paz.

“Teniendo en cuenta estos elementos, para la Presidencia de la República la designación como gestor de paz de “SMG” cumple las condiciones materiales y jurídicas para su realización ella que es excepcional y tiene limitaciones cronológicas y delimitaciones geográficas”, finaliza el documento que ya se encuentra en la JEP.

Es importante recordar que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la libertad condicional al exjefe paramilitar; sin embargo, su defensa apeló esta decisión, en parte, para que Mancuso pueda cumplir con su rol de gestor de paz ante la jurisdicción.