En algunas zonas del país, como el Huila, Cesar, Cauca y en el Atlántico, algunas comunidades indígenas y campesinas han invadido algunos predios al considerar que tienen derechos sobre esos terrenos, situación que ha generado preocupación por parte del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pues asegura que el derecho a la tierra también pasa por el respeto de la propiedad privada.
El Estado debe promover y garantizar ambas esferas: por un lado la obligación de dar prioridad al acceso y tenencia de la tierra para las comunidades étnicas y campesinas, sin o con tierra insuficiente, y por otro respetar el uso, goce y disposición de aquellos quienes con arreglo a la legalidad han adquirido bienes muebles e inmuebles
En algunos casos los trabajadores de estas fincas han sido agredidos y amenazados, por lo que Camargo insistió en que el acceso a la propiedad de la tierra debe hacerse por medio de los mecanismos legales, y aunque destaca la voluntad del gobierno para garantizar el acceso a tierras, también pide que se deje claro que estos mensajes en ningún momento son una invitación a tomarse la propiedad por medio de la violencia.
Publicidad
"El Gobierno debe insistir en sus mensajes en que su voluntad política para la implementación del acceso a la tierra no es una invitación a las vías de hecho, sino a la implementación de la política de tierras en el marco del Estado de Derecho y con el pleno respeto de los derechos de todos los colombianos en su conjunto", agregó
En el mismo sentido propuso que todas las partes involucradas en esta problemática se sienten a dialogar con el fin buscar las soluciones necesarias, además, estos diálogos deben contar con el acompañamiento de las instituciones del Estado que tienen competencia en estos casos.
Publicidad
Es necesario avanzar en un diálogo social entre las partes intervinientes y las entidades competentes, a fin de que se evalúe la necesidad de acceso a la tierra por parte de quienes han liderado dichas invasiones, para su acceso a las rutas dispuestas por la Ley, sin con ello vulnerar los derechos adquiridos de otras comunidades rurales