El Gobierno colombiano se ha visto inmerso en múltiples críticas por no haber asistido a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 12 de agosto, donde se condenó la violación de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, la cual se ha recrudecido en los últimos meses por la persecución a la Iglesia católica, la prensa y sectores de oposición.
La explicación de la Cancillería es que en ese momento se adelantaba una gestión humanitaria para buscar la liberación de algunos de esos presos políticos, la cual coincidió con la fecha de la sesión en la OEA y por eso señala que la ausencia se debió “tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas”; sin embargo, en esa respuesta no se condenó la violación de derechos humanos del régimen.
Se agrega otro ingrediente y es que el diario El Confidencial de Nicaragua publicó una versión en la que supuestamente el Gobierno de Colombia había ofrecido acatar el fallo de La Haya a cambio de esa liberación de presos políticos. Lo cual fue desmentido inmediatamente por la Cancillería, como lo reveló Blu Radio.
Ahora, se confirma que el próximo lunes 13 de septiembre, en medios de la quincuagésimo primera sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno colombiano sentará finalmente posición y rechazará la violación de derechos humanos que se ha presentado en Nicaragua.
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Precisamente en el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la entonces comisionada Michelle Bachelet alertó de por lo menos “173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. Quienes fueron detenidos en el marco de las elecciones de 2021 se encuentran en condiciones contrarias a las Reglas Mínimas Estándar de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”.
Por la crisis, señaló el Consejo de Derechos Humanos, el número de nicaragüenses que abandonan el país está creciendo en cifras sin precedentes: “En los últimos ocho meses se ha duplicado el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica, alcanzando un total de 150.000 nuevos solicitantes desde 2018”.
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