Elgenocidio de la Unión Patriótica dejó 6.528 víctimas desde 1984, constituyéndose como uno de los peores capítulos de la violencia política en Colombia y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado el 27 de julio de 2022.
Dentro de ese fallo de 200 páginas, se establece que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos, la vida, integridad personal, libertad, entre otros.
Y establece los montos de indemnización a las familias de las víctimas de la Unión Patriótica definiendo, entre otros, 55.000 dólares a las víctimas o familias de desaparición forzada y 30.000 dólares a padres, hijos y compañeros permanentes de las víctimas de ese mismo flagelo, así como 10.000 dólares a los hermanos y hermanas.
También fijó 35.000 dólares a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 20.000 dólares a las víctimas de tortura y 5.000 dólares a víctimas de tentativas de violación del derecho a la vida, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, amenazas y/o hostigamientos y criminalización indebida mediante procesos penales.
Publicidad
Así las cosas, la CIDH estableció en el numeral 25 de la sentencia que se establecerá y pondrá en funcionamiento la “comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas, con el propósito de que dichas personas puedan ser consideradas beneficiarias de las reparaciones ordenadas en la sentencia.
Adicionalmente en el numeral 38 de la misma decisión de obliga al Estado a pagar las cantidades ya referidas, así como las cantidades fijadas a miembros de la familia Díaz Mansilla por concepto de los gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.
Publicidad
Este sería el decreto
El decreto que será firmado por el presidente Gustavo Petro en los próximos días creará la comisión de constatación de identidad o parentesco de las víctimas conformada por tres comisionados (un representante del Estado, otro que será representante de la parte involucrada en la sentencia y otro de la CIDH).
Se da así el primer paso para identificar plenamente a víctimas y sus familiares en el marco del genocidio a la UP e iniciar la compensación económica por los daños sufridos durante años de violencia sistemática contra el partido de izquierda.
Esta es la viabilidad
Blu Radio conoció además el documento de viabilidad expedido por el Ministerio de Hacienda, en donde la directora general de presupuesto dice no tener comentarios frente al proyecto de decreto aunque no sea aclara el valor total que se destinará a las referidas indemnizaciones.
Le puede interesar
Publicidad