Gerente de colegio en Medellín responde denuncias por violencias de género

Ayer en los micrófonos de Blu Radio, la señora Doris Andrea Ortiz, colombiana que reside en los Estados Unidos en busca de asilo, denunció a Jesús Álvaro Darío López, su expareja y padre de sus dos hijos, por violencia vicaria, intrafamiliar , sexual y económica. El señor López dio su respuesta a las denuncias y, como lo hizo la señora Ortiz, entregó los soportes legales.

El padre de dos menores de edad, de diez y catorce años, a quienes no les permite viajar a los Estados Unidos a ver a su madre desde hace casi dos años, dice que sus motivos para la restricción se basan en su temor pues “ellos están en un país extraño… cuando mira uno las noticias en Estados Unidos , lo que pasa con los migrantes”.

Así mismo, el denunciado y gerente de un colegio, dijo que él es quien tiene una medida cautelar de protección, la misma que la señora Ortiz ya había proporcionado a Blu Radio, como prueba de la violencia institucional que ella ha denunciado públicamente sobre este proceso legal.

“Ella dice que el gobierno colombiano, que las instituciones colombianas no sirven, que no la respaldan”, expresó el señor López, en el mismo sentido que lo hizo la madre de sus hijos, quien ratifica que se ha sentido revictimizada y maltratada por las comisarías de familia, en especial por la 10 de Medellín.

Sobre la posibilidad de llegar a una conciliación, el denunciado aclaró “la voluntad mía siempre ha sido que los niños gocen de su papá y su mamá, a pesar del dolor de la separación”; sin embargo, agregó que “hay temas legales que hay que solucionar porque hay un juicio en el mes de abril de 2025, yo tendré que asistir y que, directamente con mi apoderada, estuvimos presionando, dirigiéndonos allá mes a mes para que por favor le dieran celeridad a este juicio”.

Las declaraciones de la señora Doris Andrea Ortiz, transmitidas por Blu Radio el 7 de noviembre de 2023, no solo cuentan con soportes legales, también están protegidas por las sentencias T-275 de 2021 y T-061 de 2022, en las cuales la Corte Constitucional estableció una serie de elementos para acoger en la publicación de un escrache por violencia de género. En este caso específico, por el riesgo de feminicidio y la violencia institucional denunciada al aire por Ortiz: el escrache está protegido constitucionalmente, puesto que defiende los derechos humanos de las mujeres y tiene en cuenta la falta de acceso a la justicia y los procesos adecuados de investigación.

Escuche aquí la entrevista: