En lo corrido de 2024, según cifras de las Fuerzas Militares, se han registrado 32 asonadas contra la fuerza pública en los departamentos de Nariño (2), Cauca (20) y Valle del Cauca (9), las regiones más afectadas por el avance de grupos armados ilegales y la escalada terrorista. Este, de acuerdo con el general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 2, es el principal problema para las FFMM y la Policía, más allá de los ataques con drones o explosivos.
Los municipios más afectados por las asonadas, destaca un informe de las Fuerzas Militares, son Cali, Jamundí, Suárez, Corinto, Mercaderes, Santander de Quilichao, Leiva, Cumbitara, López de Micay, Miranda, Cajibío, Caloto, Tumaco, El Bordo Patía, Argelia, El Tambo, Piendamó y Buenos Aires, lugares donde miembros de la fuerza pública han sido atacados por comunidades indígenas, campesinas y población civil, en medio de operaciones contra las economías ilícitas.
“Uno de los principales problemas han sido las asonadas, pero también se está trabajando con las administraciones regionales y locales y con las comunidades. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo todos para vivir bien, para ser un país que viva en paz, respetuoso y con dignidad, no involucrados en la delincuencia y que nuestros hijos, los muchachos y los niños del campo del Cauca crezcan en medio de la criminalidad y los cocales”, indicó el general.
En esta región del país delinquen un total de 28 grupos armados entre los cuales se encuentran diferentes estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, las de alias ‘Iván Márquez’ de la Segunda Marquetalia y el ELN, con un total de 3.364 hombres, grupos que sostienen confrontaciones por el control territorial del narcotráfico y la explotación de minería ilegal.
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La última asonada por parte de la comunidad contra miembros del Ejército y la Policía tuvo lugar en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Allí, en medio de una operación de destrucción de un laboratorio de producción de cocaína de más de $2.000 millones, la comunidad acorraló a los uniformados e incineró dos vehículos de la Policía y uno de Ejército.
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