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Formulan cargos a funcionarios de MinInterior y Telecafé por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría fue el ente que decidió formular los cargos de los funcionarios por presuntas irregularidades en contratos. Por otro lado, Telecafé subcontrató la totalidad de la operación y suministro de un contrato por $57.000 millones, sin asumir ninguna responsabilidad directa en su ejecución.

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Procuraduría General de la Nación.
Foto: BLU Radio.

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra altos funcionarios del Ministerio del Interior y un exgerente de Telecafé, debido a presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023.

Según las investigaciones, el contrato , que superó los $61.900 millones, habría sido otorgado a Telecafé sin que esta tuviera la idoneidad técnica y física requerida para prestar los servicios contratados.

El convenio interadministrativo, firmado el 24 de marzo de 2023, estipulaba que Telecafé proporcionaría servicios de operación logística para eventos y actividades del Ministerio del Interior. Sin embargo, se ha encontrado evidencia de que Telecafé subcontrató la totalidad de estas operaciones a seis empresas diferentes, por un total de $57.000 millones, sin asumir ninguna responsabilidad directa en la ejecución del contrato.

Este hallazgo llevó a la Procuraduría a calificar las acciones como "gravísimas a título de culpa gravísima", implicando al entonces secretario general del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez; al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Álvaro Echeverry Londoño; y al exgerente encargado de Telecafé, Martín Fernando Montoya García.

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Los cargos formulados por la Procuraduría incluyen la suscripción del contrato sin la debida verificación de la capacidad de Telecafé para cumplir con sus obligaciones, así como la subcontratación de todas las actividades sin realizar un proceso de selección adecuado.

Estos hechos refuerzan la importancia de una gestión transparente y responsable en los contratos públicos , y la necesidad de que los entes de control continúen vigilando el cumplimiento de las normativas en las contrataciones estatales.

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