La Fiscalía General de la Nación recibió de la Procuraduría una denuncia sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la libertad de dos personas judicializadas por el proceso de la Primera Línea. Por esta razón, agentes del CTI llegaron a la sede del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para la recolección de pruebas, esta investigación se adelanta articuladamente con un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La Fiscalía ordenó la inspección del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, luego de que la Procuraduría denunciara penalmente y además remitió una queja disciplinaria contra la juez coordinadora Lilyan Johana Bastidas, porque para el Ministerio Público hubo irregularidades cometidas por la juez, al otorgar la libertad de dos jóvenes incluidos en el listado de voceros de paz del Gobierno nacional.
Según la Procuraduría: “La juez coordinadora pasó por alto que las resoluciones remitidas por el alto comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez y Adriana Esperanza Bermeo, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”.
Por otro lado, la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales le respondió en un comunicado a la Procuraduría, en el que aseguró que no existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y, por ende, en las libertades otorgadas a los ciudadanos Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris, integrantes de la Primera Línea. Además, que sí tiene la competencia para conceder la libertad en este caso.
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