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Fiscalía agilizará procesos contra financiadores del paramilitarismo

Alrededor de 19 años después de la creación de Justicia y Paz, 10.158 desmovilizados siguen en espera de sentencias ante los jueces de la República.

Fiscalía General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Foto: Fiscalía General de la Nación

Durante la conmemoración de los 19 años de la creación del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz que juzga los crímenes de los paramilitares , la fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que hay deudas en el modelo de Justicia y Paz que se concentran en la falta de resultados en los financiadores del paramilitarismo, la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas y en el hallazgo e identificación de víctimas de desaparición forzada. Asimismo, la fiscal resaltó que están priorizando judicializar a los “terceros” en el marco del conflicto armado.

“La Fiscalía está fortaleciendo al interior de la dirección de justicia transicional los grupos de trabajo respectivos con tres objetivos centrales, el primero judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias”, dijo la fiscal Camargo.

Por otra parte, la fiscal aseguró que esta estrategia tendrá un fuerte componente de inteligencia artificial de apoyo “Implementar estrategias efectivas de persecución de bienes a efectos de la recolección de recursos para la indemnización de las víctimas del accionar armado tanto de los grupos paramilitares como de las Farc mediante el apoyo de inteligencia artificial para rastrear activos para rastrear cuentas que se encuentren en paraísos fiscales o en el exterior y para rastrear bienes muebles e inmuebles que estén a nombre de testaferros de manera que podamos atender a esa obligación de indemnizar a las víctimas”.

La Fiscalía halló que desde la creación de Justicia y Paz se han emitido 86 sentencias de la ley 975 de 2005 que incluyeron a 884 condenados, en la ley 1424 de 2010 fueron condenadas 13. 215 personas pertenecientes a las bases de los grupos paramilitares. 10.158 desmovilizados siguen en espera de sentencias ante los jueces de la República. 3.000 procesos adicionales terminaron por otras causales.

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