Fiscal Barbosa presentó balance de investigaciones durante protestas a organismos internacionales

El fiscal Francisco Barbosa se reunió con varios representantes de organismos internacionales para darles a conocer las acciones investigativas y judiciales desarrolladas frente a los hechos ocurridos con ocasión a las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en el país desde el pasado 28 de abril.

En la reunión, Barbosa mencionó los casos que fueron priorizados en la entidad.

Reveló que destacaron fiscales con dedicación exclusiva para las investigaciones priorizadas que son tres.

En primer lugar, el caso deAlison Meléndez , la menor de edad que murió Popayán en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública.

En segundo lugar, los 15 homicidios en los que se determinó que tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda), y finalmente, los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca ), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.

Además, destacó la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de las agresiones sexuales que se habrían cometido en el marco de la protesta y reveló que, entre las estrategias implementadas, se conformará el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que Afectan a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes.

Esto se hace con el fin de hacer seguimiento a las denuncias, investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra esta población.

“El día de hoy (19 de mayo) se creará una comisión especial con enfoque de género para darles una hoja de ruta a las mujeres que se están manifestando en las calles, para que puedan reportar las agresiones”, señaló el Fiscal General.

Las diferentes reuniones fueron con el delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA, Roberto Menéndez; el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu; y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.

Igualmente, el jefe del ente acusador se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.

El pasado 18 de mayo el ente acusador había informado a través de sus redes sociales que en la con Juliette de Rivero, el jefe del ente acusador reveló que tras los desmanes en Popayán contra la sede de la fiscalía, perdieron los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010.

“En Popayán perdimos los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010, todo fue quemado por este grupo de personas”, informó la fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

Además, dijo que tienen avances en las 8 líneas de investigación definidas en marco de las protestas.

Por otro lado, contó que en el caso del joven Sebastián Quintero Múnera, de 23 años, asesinado en Popayán durante las manifestaciones, no tenían a donde llevarlo para hacerle los exámenes médico forenses porque habían destrozado la sede de Medicina alegal.

“Yo tengo de la irrestricta defensa a los Derechos Humanos. Hemos esclarecido 4 homicidios, en 3 hemos imputado a miembros de la Policía Nacional. Las manifestaciones han estado marcadas por actos de terrorismo, actos de violencia inadminisbles”, dijo el Fiscal Barbosa.

Finalmente, reiteró que, en marco de protestas, 261 personas han sido localizadas y que se mantiene mecanismo de búsqueda urgente en 134 casos.

Frente a las muertes que tienen relación directa con manifestaciones, se han esclarecido 4, de las cuales 3 son atribuibles a la fuerza pública y una a particulares.