Mediante el desarrollo de operaciones ofensivas, enmarcadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho -Tiempo 2-, las Fuerzas Militares incautaron tres retroexcavadoras junto con diferentes elementos empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el área general del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.
El resultado fue posible gracias a la contundencia operacional de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, quienes adelantan labores de control y presencia institucional en las arterias fluviales del litoral Pacífico colombiano, enfocados en la afectación a las economías ilegales de los grupos armados organizados y en la protección de la población civil.
Las tres retroexcavadoras se encontraban a bordo de un planchón, que navegaba sobre el rio Iscuandé, siendo remolcadas por un sujeto que no contaba con la documentación reglamentaria, de acuerdo con la ley 1242 de 2008, por que fue inmovilizada para prevenir su uso en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta maquinaria, al parecer, vendría desde la ciudad de Medellín, con documentos falsos, lo que le permitió pasar por diversos puestos de control de las autoridades competentes y así buscar ser empleada en actividades criminales.
Con la incautación de esta maquinaria se afecta el sistema de finanzas ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas estructura 30 “Rafael Aguilera” en aproximadamente 2.280 millones de pesos. Así mismo, se aporta significativamente a la protección del medio ambiente, especialmente de los afluentes que se contaminan con estas prácticas de extracción ilícita de yacimientos mineros.
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Durante las operaciones no se presentaron capturas. Entre tanto, el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competente para los fines que se estimen conveniente dentro del marco de la ley.
La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules con todas sus unidades, ratifica su compromiso con la conservación del ecosistema y continuará desarrollando operaciones militares y de registro y control fluvial sobre los ríos del litoral Pacífico Colombiano, para negar este espacio a los grupos armados organizados, a la vez que invita a la comunidad a denunciar a las organizaciones ilegales al servicio de la minería ilegal que causan daños irreparables al medio ambiente.
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