En los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte la Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de 5.000 millones de pesos. Hubo un desvío de recursos que tenían que ser invertidos en educación, salud y saneamiento básico producto del sistema general de participaciones y el sistema de regalías. Pero esos dineros terminaron en el flujo de caja de la guerra.
El contralor, Edgardo Maya, asegura que principalmente las Farc obligaron a algunos funcionarios del Estado para desviar esos recursos. Pero también se investigará la posible conducta penal de funcionarios. En total fueron 159 hallazgos que prueban que desde ese año la población de esos municipios dejó de ver obras importantes, acceder a la educación y a la salud, mientras que los grupos armados, con prevalencia de la Farc, utilizaba los dineros.
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En Tumaco, en donde se reúne el 80 % de los hallazgos, se produjeron fallas de responsabilidad fiscal por más de $1.200 millones.
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La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, recibió el informe y aseguró que lo van a estudiar con detalle para determinar posibles responsabilidades.
“Los sujetos sometidos a la Jurisdicción son sujetos de la Farc, agentes del Estado civiles o miembros de la fuerza pública y terceros que se vincularán de manera voluntaria”, explicó Linares.
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“Vamos a identificar a máximos responsables y a proceder de conformidad con cada sala y cada sección”, agregó.
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El contralor Maya dijo que la Contraloría debe apoyar de forma “categórica” a la JEP porque tiene una labor histórica para el país.
Como se trata de recursos del orden nacional, es posible que haya implicados funcionarios de las entidades del Estado como gobernaciones y alcaldías. Eso deberá investigarlo la JEP en adelante con los insumos del ente de control porque son hechos que tienen que ver directamente con el conflicto.
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