Naciones Unidas también destacó la visita que el pasado 10 de septiembre hizo la Comisión de Paz del Senado a un espacio territorial en San Vicente del Caguán y considera que
“sirvió para tranquilizar a los antiguos miembros de las Farc y ayudó a los senadores a comprender mejor los desafíos pendientes”.
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Destaca la ONU el papel de la Corte Constitucional para darle sustento jurídico al acuerdo.
“Los ajustes y aclaraciones que ha hecho durante su revisión buscan reconciliar visiones diferentes del acuerdo y el resultado ha sido ajustar las disposiciones clave de este a las normas constitucionales”, dice el informe.
Sobre la JEP, el informe destaca los tres primeros casos que se han abierto: el de los secuestros cometidos por las Farc, el de múltiples actores violentos en Tumaco entre 1990 y 2016 y el de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cometidos por agentes del Estado.
Además, la ONU destacó los resultados de la consulta anticorrupción, tras considerar que las reformas que desde allí se impulsaron y se derivaron “son coherentes con las disposiciones del Acuerdo de Paz que en el capítulo dedicado a las medidas de seguridad, pide que el Gobierno prevenga y controle la corrupción, en particular controlando la integridad, el desempeño y los bienes de los funcionarios públicos”.
Sobre los cultivos ilícitos, el informe destaca:
En el informe, que abarca una evaluación entre el 21 de julio y el 26 de septiembre de 2018, la ONU hace un llamado a que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final (CSIVI), el Consejo Nacional de Reincorporación y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, “reanuden sin demora sus actividades”.
El informe también trae dos revelaciones:
- Las Farc consolidaron una lista de aproximadamente otros 1.000 antiguos miembros de la guerrilla, la cual hicieron llegar a la oficia del Alto Comisionado de Paz el pasado 10 de agosto. En esa lista incluye a personas que no figuran en la lista entregada el 15 de agosto de 2017.
"La mayoría proceden de zonas acuciadas por problemas de seguridad y zonas en que la incorporación de esas personas al proceso podría ser beneficiosa. Así pues, espero que el nuevo Gobierno aborde esta cuestión con carácter prioritario", dice el informe.
- Además, revela cifras preocupantes: han sido asesinados 71 exmiembros de esa guerrilla, desde la firma del acuerdo, 9 en los últimos meses.
“Nueve antiguos miembros de las Farc – EP que participaban en el proceso de reincorporación fueron asesinados durante el periodo sobre el que se informa, con lo que el número de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 71. El deterioro de las condiciones de seguridad para los antiguos miembros de las Farc – EP que viven fuera de los espacios territoriales para capacitación y reincorporación quedó de manifiesto de manera sumamente marcada con los trágicos acontecimientos ocurridos en El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, donde el 30 de julio fueron asesinadas diez personas, entre ellas cuatro antiguos miembros de las Farc-EP”, añade.