Con una carta, el partido político Farc denuncia que no les han brindado garantías y que, a pesar de que han cumplido con las obligaciones obtenidas con el Estado y la sociedad colombiana, no han sido escuchados.
Al estado crítico y precario al que ha llevado el gobierno del presidente Iván Duque, la implementación de lo pactado en La Habana, se le agrega su demostrada incapacidad de garantizar la vida de quienes, de buena fe y confiando en el cumplimiento del Estado colombiano, firmamos el acuerdo de paz
El partido político Farc hace énfasis en que el gobierno del presidenteIván Duque no les ha brindado seguridad, por lo que la evidencia de esto es que van 241 personas muertas firmantes del acuerdo de paz.
Además de falta de respuesta y apoyo a los compromisos con el acuerdo de paz, las Farc menciona que no están satisfechos con la forma como el Gobierno ha asumido las investigaciones frente a los hechos violentos.
“No nos satisfacen en absoluto las líneas de argumentación y justificación de lo que está ocurriendo, como el mero resultado de economías ilegales, especialmente del narcotráfico, y de vendettas entre mafiosos y grupos armados. Tampoco, los esclarecimientos de los perpetradores directos en cabeza de esos grupos”, agrega.
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Este documento finaliza con una exhortación, a quienes va dirigida la carta, para que los firmantes del acuerdo de paz reciban apoyo frente a las peticiones mencionadas anteriormente. “Los exhortamos a que de acuerdo con sus facultades y posibilidades nos acompañen en este propósito. De nuestra parte, reafirmamos una vez más el compromiso de continuar contribuyendo a la implementación de lo pactado.
Además de “los estados, pueblos y gobiernos del mundo” y “gente de buena voluntad y amante de la paz” la carta va dirigida a José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba (país garante); John Petter Optdal, embajador de Noruega (País Garante); Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas; Juliette de Rivero, representante de oficina para los Derechos Humanos ONU; Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Miguel Ceballos, alto consejero para Paz; Alicia Arango, ministra del Interior; Francisco Carrillo, procurador General de la Nación; Carlos Camargo, defensor del Pueblo y Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación .
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