“Extorsión aumentó un 20 % en los últimos cuatro años”: Defensoría pide mejores resultados

El reciente traslado de alias ‘Satanás’ de la cárcel de Girón en Santander a la Tramacúa en Valledupar ha vuelto a poner de manifiesto la creciente problemática de laextorsión en Colombia.

Según datos de la Policía Nacional recopilados por el portal Siedco, los reportes ciudadanos sobre este delito han aumentado en los últimos cuatro años: en 2020 se registraron 8.188 casos, en 2021 aumentó a 8.342, en 2022 se elevó a 9.791 y en 2023 llegó a 9.871. Comparando los años 2020 y 2023, la cifra de casos ha experimentado un incremento del 20.5 %.

Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).

Es por eso que, en medio de este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular.

El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales, organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, este órgano solicitó un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que sea modernizado el sistema penitenciario con tecnología 4G o 5G y así sean más eficientes los inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas, ya que muchos internos están llevando a cabo la conducta criminal mediante la modalidad de llamadas telefónicas.

De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal; sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5 G.