Expertos de la ONU por abusos en estallido social: “Carta al Gobierno no es concluyente”

En una reciente entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, abordó las preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia tras el estallido social de 2021. La relatora aclaró que las cartas enviadas por los relatores de la ONU al gobierno colombiano no son concluyentes y buscan más información, en medio de denuncias de abusos cometidos durante las protestas.No hay conclusiones definitivasGina Romero subrayó que las cartas enviadas a los dos gobiernos colombianos, tanto el de Iván Duque como el actual de Gustavo Petro, no pretenden establecer conclusiones, sino solicitar más detalles sobre las violaciones a los derechos humanos.“Nuestra voz no es la voz de Naciones Unidas, somos relatores independientes. Las cartas son un requerimiento de información, no una declaración concluyente”, explicó Romero.El estallido social bajo la lupa internacionalEl paro nacional de 2021 sigue siendo un tema candente en Colombia, y a nivel internacional ha generado reacciones diversas.Según Romero, “la ONU está preocupada por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas, incluidas las armas de fuego y las armas menos letales, que dejaron un saldo trágico”.Las violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios y lesiones graves como la pérdida de ojos, han sido documentadas en varios informes. Sin embargo, muchos casos, como los 16 homicidios mencionados en la carta, aún no han sido esclarecidos.“Es inaceptable que en Colombia todavía no haya rendición de cuentas”, afirmó Romero, refiriéndose a la falta de avances en la investigación de estos abusos.También señaló que, aunque los abusos cometidos por la fuerza pública son innegables, las cartas no implican que exista una política de Estado dirigida a reprimir las protestas de forma sistemática.La respuesta del gobiernoEl presidente Gustavo Petro también ha reaccionado a las inquietudes expresadas por la ONU. Petro ha reiterado en varias ocasiones que los manifestantes fueron víctimas de tortura, vigilancia ilegal mediante el software Pegasus y otros abusos. En su opinión, el tratamiento al estallido social será recordado como uno de los más graves atentados contra los derechos humanos en la historia reciente de Colombia.Ante esta postura, Romero comentó: “No tenemos el número exacto de casos de violencia sexual o de personas que perdieron los ojos, pero es fundamental que no nos centremos únicamente en los números, sino en el hecho de que cualquier violación a los derechos humanos es una tragedia que debe ser reparada”. Añadió que las cartas de los relatores también preguntan al gobierno sobre estas denuncias, dándole la oportunidad de aportar información y aclarar los hechos.La controversia sobre el alcance de la investigaciónDurante la entrevista, Néstor Morales y otros periodistas cuestionaron a Romero sobre la posibilidad de que la ONU esté adoptando una visión parcializada, enfocándose en los abusos cometidos contra los manifestantes y no en los sufridos por las fuerzas del orden o por civiles afectados por los bloqueos durante las protestas.“No es que se ignore la violencia contra la fuerza pública, sino que la carta en particular se centró en las violaciones contra los manifestantes, que no cuentan con la institucionalidad que protege a los miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo Romero.El rol de la ONU en el procesoGina Romero fue clara al señalar que las Naciones Unidas no recogen información de primera mano sobre el terreno, sino que actúan como un canal que recibe reportes de diversas fuentes.“Recibimos información de actores variados, la curamos, verificamos las fuentes y, a partir de ahí, solicitamos información adicional a los gobiernos”, explicó la relatora.La entrevista finalizó con un llamado a la justicia y la reparación de las víctimas.“No importa si fueron uno o 400 los jóvenes que perdieron los ojos; lo que importa es que cualquier violación a los derechos humanos debe ser investigada y reparada”, concluyó Romero.